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Los Desahucios como suspensión al Derecho al Voto

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La Democracia Liberal se constituye gracias a un entramado en el que todos tenemos derechos y libertades, que mediante la seguridad jurídica que aporta la carta magna o Constitución vigente, no pueden ser violados. ¿Pero es ésto cierto? En este artículo trataremos de dar explicación a una de las agresiones más flagrantes hacia la libertad del ser humano en “las democracias liberales” contemporáneas.

La mayoría de la población no conoce como se mantiene el sistema, por qué cauces se desarrolla el poder y es “elegido de manera democrática por el electorado a través del sufragio universal”. Es bien cierto que entrecomillar estas palabras pone en cuestión el sistema liberal-democrático, el sufragio universal y el mismo electorado, pero es lo que tratamos de exponer.

Para comprender de lo que estamos hablando hay que hacerse una pregunta clave: ¿qué es un individuo poseedor de derechos, libertades y seguridad jurídica?

Pues dicho individuo se comprende como aquel que vive en un Estado configurado en una Constitución, que puede dotar a algunos o a todos los ciudadanos de derechos, libertades y seguridad jurídica en forma de leyes, que siempre favorecen a unos más que a otros; En este caso, hablamos de aquellas que favorecen a las clases dominantes en detrimento de las clases trabajadoras.

Ahora podemos dirigirnos al asunto en cuestión. ¿Qué le ocurre a un ciudadano cuando es desahuciado? Pues la respuesta es concisa: pierde parte de sus derechos, sus libertades, y sobre todo, la seguridad jurídica, de la que tanto presume el Estado Liberal. Cuando un trabajador/a pierde su vivienda, se ve desposeído de su derecho al voto, puesto que para estar censado necesitas tener un domicilio. Y entonces nos preguntamos, ¿no es, por tanto, un desahucio un ataque flagrante contra los derechos y libertades del individuo? Sobre todo, haciendo referencia al derecho al voto o sufragio.

En todo ésto, podemos recoger las palabras del fallecido Emilio Botín, ex-Presidente del Banco Santander, y un ejemplo de usura y codicia propia de su profesión de banquero. Este individuo respondía así a la propuesta de que las familias desahuciadas fueran acogidas en viviendas vacías propiedad de los bancos españoles: “Fatal. ¿Es el decreto que se refiere a que se van a meter en los pisos que tenemos vacíos…? Muy mal, muy mal. Eso no ayuda a la economía española, ese tipo de medidas”. ¿Qué pensar de este tipo de declaraciones procedentes de la alta burguesía y la clase dominante? Ellos son el problema y la clase trabajadora tiene que marcar la solución.

Y si esto es así, ¿cómo lo permite el Estado o la comunidad política? ¿Cómo se permite dicho agravio a los derechos individuales? Básicamente porque pueden. Son las clases dominantes que se ceden entre sí la potestad para arrebatar al ser humano lo que es suyo: el pan, el techo, el trabajo y la dignidad.

Los desahucios han de ser ilegalizados por dicha premisa, por vulnerar los derechos y las libertades a los ciudadanos de clase trabajadora, uno de ellos el sufragio, falsamente llamado universal.

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