Cuba tendrá la posibilidad de defender hoy y mañana en Ginebra su informe ante el Comité contra la Desaparición Forzada, instancia de las Naciones Unidas que se encarga de prevenir y erradicar esa repudiable práctica en el mundo.
La Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas se firmó en el 2006 y entró en vigor el 23 de diciembre del 2010, lo cual marcó un importante avance en los esfuerzos internacionales para sentar un marco jurídico común.
El Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias se convirtieron desde entonces en los dos principales mecanismos de expertos de las Naciones Unidas en esa materia.
Cuba participó activamente en las negociaciones que condujeron a su adopción y fue uno de los copatrocinadores principales de la resolución de la Asamblea General que aprobó la Convención.
Según la ONU, las desapariciones forzadas se definen por tres elementos acumulativos: la privación de libertad contra la voluntad de la persona interesada; la participación de agentes gubernamentales, al menos indirectamente por aquiescencia, y la negativa a revelar la suerte o el paradero de la persona interesada.
De acuerdo con la ONU, el propósito de esta celebración es «exigir verdad, justicia y, además, honrar la memoria de los desaparecidos». Además, se brinda apoyo a los familiares de las víctimas que luchan por encontrar a sus seres queridos.
Como parte de los procedimientos establecidos por la Convención, los países rinden informes al Comité sobre el estado de esta problemática al interior de sus fronteras nacionales.
No es la primera vez que Cuba se presenta, ya que el país ha concentrado esfuerzos en honrar sus amplios compromisos en materia de elaboración y presentación de informes a esos órganos.
Cuba se presenta amparada en un ordenamiento jurídico que regula y garantiza los derechos del individuo. Desde 1959, la Revolución Cubana ha tenido como bandera la integridad física y moral del individuo, así como la defensa de los intereses de los ciudadanos. Asimismo, desde la Constitución se protege la dignidad humana como un valor esencial.
En correspondencia, la legislación nacional establece no solo las garantías jurídicas básicas universalmente reconocidas para proteger los derechos humanos, sino que refrenda garantías materiales para su ejercicio, tanto en los ámbitos civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales.
Toda persona investigada, sometida a juicio o detenida, goza de las garantías de un trato justo en todas las fases del proceso y las previstas por ley ante un tribunal de justicia competente, independiente e imparcial. De igual manera, se garantiza la comunicación del detenido con sus familiares y otras personas.
