Gabriela Ávila Gómez
internet@granma.cu
Los intentos de Cataluña por separarse de España continúan siendo noticia: recientemente el Parlamento de la región aprobó el presupuesto para el 2017, y entre sus gastos se prevé la celebración de un referendo.
En una de las votaciones más polémicas de la legislatura y con un apretado margen de victoria, los grupos independentistas Juntos por el Sí y Candidatura de Unidad Popular se impusieron con 64 votos a favor; mientras que, con 62 votos, se opusieron Ciudadanos, Partido por los Socialistas, Cataluña Sí se Puede y el Partido Popular.
Desde finales de septiembre del pasado año, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, había anunciado la celebración de otro referendo independentista, previsto para septiembre del 2017.
«O referéndum o referéndum», dijo en aquel momento el proindependentista Puidgemont, mientras que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, pidió avanzar hacia una etapa de diálogo y dejar atrás los mensajes sobre la consulta.
«El referéndum en Cataluña no se va a celebrar. Eso lo sabe todo el mundo», afirmó Rajoy recientemente.
Cataluña cuenta con un elevado nivel de autonomía y posee un Parlamento propio.
Los catalanes se consideran ahogados económicamente por España: anualmente deben pagar 16 000 millones de euros al Gobierno central. Según RT, esa cifra corresponde al 8 % del PIB de la Comunidad Autónoma.
«Estos 16 000 millones bien gestionados servirían para dar una buena sanidad, educación, la red de trenes, a los catalanes. Incluso quedaría dinero para ser solidarios con otras regiones», afirmó Xavier Sala-i-Martin, portavoz de thecatalanproject.org.
Uno de los momentos principales del movimiento independentista se alcanzó el 9 de noviembre del 2014, cuando en una consulta popular sobre si Cataluña debía ser un Estado y, en caso afirmativo, cuestionaba si debía ser independiente, el 80 % de las 2 305 290 personas que participaron (alrededor de un 33 % de los electores) votaron al Sí-Sí.
El 9N, como se le conoce al suceso, había sido prohibido anteriormente por el Tribunal Constitucional español; aun así el entonces presidente de la Comunidad, Artur Mas, lo efectuó.
Debido a ello, Mas fue sentenciado recientemente a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras conocerse la sentencia el pasado 13 de marzo, el expresidente de Cataluña adelantó que recurrirá al Tribunal Supremo y dejó claró que «no se arrepiente de nada».
Por su parte, Puidgemont vio el resultado como un obstáculo «que no solo superaremos, sino que nos estimulará» en el proceso de independencia.
¿OTRO REFERÉNDUM SIN EL SÍ DEL GOBIERNO?
Puidgemont dijo que el nuevo referendo será vinculante porque el gobierno catalán «aplicará el resultado».
Además, adelantó que en esta ocasión tendrá una sola pregunta, y en caso de perder el Sí, convocará a nuevas elecciones.
Sin embargo, la Constitución de España autoriza únicamente al gobierno central para la convocatoria de una consulta sobre la soberanía de determinada región.
En caso de celebrarse sin el permiso, Cataluña se expondría al Artículo 155 de la Carta Magna, aplicable en caso de que una Comunidad Autónoma desobedezca al Gobierno central o actúe de forma que atente contra España.
El texto añade que «el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general».
