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Excanciller español propone destruir las urnas de la consulta soberanista catalana y que Madrid asuma el control de la policía regional.

José Manuel García-Margallo ya propuso en 2014, en la anterior consulta realizada el 9 de noviembre de aquel año, aplicar por un día el artículo 155 de la Constitución española, puesto que en el mismo se contempla la posibilidad de que el Gobierno central asuma el mando de los Mossos d’Esquadra (Policía autonómica catalana) bajo la Ley de Seguridad Nacional, y les ordenara “requisar y destruir” las urnas de la consulta del 9N.

De acuerdo con las declaraciones realizadas este miércoles por el extitular de Exteriores (2011-2016), el referéndum secesionista que la Generalitat catalana pretende celebrar para el mes de septiembre del presente año “no se puede hacer”, por lo que “volvería a recomendar exactamente lo mismo” al Gobierno del presidente Mariano Rajoy, pues, en su opinión, se debe hacer todo lo que sea necesario para evitar tal escenario político.

Dichas afirmaciones se producen un día después de que el Gobierno de Cataluña, presidido por Carles Puigdemont, haya iniciado los trámites necesarios para comprar unas 8000 urnas para la referida consulta y, para tal fin, ha destinado unos 200.000 euros.

“No se puede permitir un referéndum unilateral y no acordado”, ha insistido el actual diputado del Partido Popular (PP), que al mismo tiempo ha asegurado que los gobernantes dentro de sus atribuciones tienen la obligación de salvaguardar la Constitución, y por tanto, “es la obligación de un gobernante y el compromiso con los ciudadanos” el proteger la Carta Magna.

En el mismo contexto, Margallo ha detallado que la “unidad de España es un bien supremo a preservar”, para luego criticar el trato abusivo por el que los tribunales han optado para frenar el proceso soberanista.

A principios de este año en curso, la Generalitat de Cataluña ya mostró su preocupación en torno a la convocatoria del mencionado referendo independentista y el hecho de que el Gobierno central aplicase una ley que le permita controlar a la policía regional catalana.

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