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Vídeo muestra fraudes graves en consulta de oposición venezolana

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El dirigente socialista venezolano, Jorge Rodríguez, denunció fraude e irregularidades graves cometidos por la oposición durante la consulta del domingo.

El oficialista, jefe de Estrategia y Propaganda del Comando de Campaña Constituyente Zamora 200, presentó el lunes un material audiovisual que muestra como Filiberto Colmenares, secretario del partido de derecha Primero Justicia en Aragua, y José Gregorio Hernández, sub-secretario de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en esta entidad, manipulan los resultados obtenidos en el proceso.

En la grabación, se ve a Colmenares indicando al sub-secretario de la MUD de Aragua que sume arbitrariamente 50 mil votos al “resultado” final de este estado en esta consulta, que se opone a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), convocada por el gobierno.

“Caracas me envió la vaina donde Aragua tiene 397 mil votos, la participación anoche en Aragua está en 347 mil, (…) le pusieron 50 mil votos”, expresa Colmenares en la cinta, según recogió el lunes la agencia estatal venezolana de noticias AVN.

Rodríguez cuestionó además, la legalidad del proceso cuando incluso no estaba avalado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), asegurando que, para aumentar el número de participantes, “multiplicaron el total de votantes por el número de votos que cada uno emitió”. Cada participante debía responder a tres preguntas.

Dijo acceder a “decenas de vídeos que demuestran que hubo un gigantesco engaño al pueblo”, mostrando una grabación en la que un hombre votaba en varios centros en Caracas. “Hubo personas que votaron siete veces, catorce veces. Eso es un delito”, sostuvo.

“No hay nadie en Venezuela que haya cometido más fraude a la confianza del venezolano y de sus propios seguidores que la MUD y la derecha nacional”, concluyó.

La oposición cifró en “un total de 7.186.170” el número de participantes en el plebiscito no vinculante del domingo. La consulta fue apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA), EE.UU. y algunos países de América Latina y Europa.

Sin embargo, se enfrentó con el rechazo de la Administración del presidente Nicolás Maduro y varios otros gobiernos de la región que la tacharon de ‘ilegal’ e ‘inconstitucional’.

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