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Oposición inicia enjuiciamiento contra Maduro por “corrupción”

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La sesión de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, 17 de Abril de 2018.

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, de mayoría opositora, da curso este martes 17 de abril a un proceso judicial simbólico contra el presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Odebrecht: sus decisiones son consideradas nulas por la máxima corte de justicia.

En una sesión a puerta cerrada, 105 de los 107 representantes en el plenario votaron a favor y 2 en contra de seguir adelante con un antejuicio por corrupción contra el presidente de la República bolivariana.

“Existen méritos suficientes para continuar con el proceso judicial que por hechos de corrupción se le sigue al presidente”, se lee en la resolución, promovida y aprobada por la oposición al Gobierno chavista.

En esta misma línea, el diputado de la Asamblea Juan Pablo Guanipa, haciendo referencia a las medidas políticas y económicas del Gobierno de Maduro, fue más allá al asegurar: “Debería estar siendo enjuiciado por traición a la patria (…) —Nicolás Maduro—, por la emergencia humanitaria en educación y salud (…), por habernos llevado a la peor hiperinflación”.

En reacción a la resolución adoptada, los diputados de la bancada oficialista, Juan Marín e Ilenia Medina, hicieron acto de presencia para ratificar “la declaratoria de desacato de esta reunión” y votaron en contra.

“El TSJ que válidamente ejerce sus funciones está aquí en Caracas. Ninguna institución extraterritorial tiene competencia para discutir ningún tema de la vida republicana del país”, afirma Marín, señalando que el Tribunal Supremo de Justicia venezolana es la única institución competente en asuntos vinculados con la justicia.

Esta acción, ha proseguido Marín, es como una mamarrachada, que no tiene ninguna consecuencia legal, es un intento golpista.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró al Parlamento en desacato desde que en 2016 la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asumió 112 de los 167 escaños y anula sistemáticamente sus acuerdos.

Así pues el fiscal general de Venezuela, el chavista Tarek William Saab, escribió en su cuenta de Twitter que la decisión legislativa carece de “legitimidad”, y calificó de “show” y acto “bufo” la resolución de la corte paralela, cuyos magistrados “son prófugos de la justicia al usurpar funciones”.

Las acusaciones contra Maduro se iniciaron después de que la ex fiscal general venezolana Luisa Ortega presentara documentos en agosto de 2017 para demostrar que la campaña de Maduro en 2013 fue financiada con dinero de la constructora brasileña Odebrecht, y pidió que fuera juzgado por delitos de “corrupción propia y legitimación de capitales”.

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