El Ministerio de Trabajo de Argentina convalidó un acuerdo entre Carrefour —la compañía multinacional de supermercados— y el Sindicato de Empleados de Comercio donde se estipula la reducción de personal mediante retiros voluntarios y la rebaja en los aportes patronales destinados a la seguridad social, como el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones y el Fondo Nacional de Empleo.

Según la disposición del Poder Ejecutivo, publicada por Ámbito Financiero, entre los puntos más importantes del arreglo entre las partes se destaca la disminución en el pago que la empresa realiza hacia la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) por cada empleado. La información fue confirmada a RT por el propio Ministerio.

En definitiva, durante los próximos 18 meses cualquier aumento salarial que reciban los trabajadores de Carrefour impactará solo en el dinero de uso común, es decir, aquel que no se destina a jubilaciones, pensiones o cobertura médica. Esto significa que, en un país con una expectativa inflacionaria anual del 25% según la Universidad Torcuato Di Tella, los aportes patronales se mantendrán estáticos durante un año y medio.

Trabajadores de Carrefour protestan en Buenos Aires contra la baja salarial. / Claudio Santisteban / www.globallookpress.com

“Achican el sueldo, los aportes patronales son parte del salario”, comenta el político y especialista en derecho laboral, Héctor Recalde. Al mismo tiempo, añade: “Las medidas preventivas de crisis son de cinco o diez días, acá lo firmaron hasta el 2021, es inadmisible”.

A pesar de que la medida no impacte en el bolsillo de los trabajadores en el corto plazo, resta por ver cuáles serán las consecuencias cuando uno de estos obreros decida jubilarse y cobrar parte del dinero que aportó durante sus años de actividad. En tanto, las tres partes involucradas en el acuerdo —la empresa, el sindicato y el Estado— dijeron que tenían el mismo objetivo: “Preservar los puestos de trabajo”.

De todos modos, aprobaron una política de retiros voluntarios destinada a los empleados de mayor antigüedad o aquellos que están cerca de la jubilación. Así las cosas, se estipula que el trabajador que renuncie a sus funciones reciba el 150% de una indemnización habitual estipulada por ley. Actualmente la compañía tiene cerca de 18.000 personas a su cargo, y calculan que unos 1.000 finalicen sus actividades. En diciembre de 2015 había 20.600, informa el diario ya citado, cuyos números reflejan la reducción del personal directo.

Para intentar calmar las aguas, desde la cartera gubernamental difundieron un comunicado donde aseguran que “se prevé el acceso a cursos de capacitación del Ministerio de Trabajo para los trabajadores que accedan a los acuerdos —retiros— voluntarios”. También estipulan que la empresa brinde “beneficios adicionales en los casos de personas embarazadas, personas de mayor antigüedad y matrimonios”.
“Situación económica compleja”

El pasado 5 de abril la compañía internacional hizo público que había pedido un Proceso Preventivo de Crisis al Ministerio. El argumento fue el siguiente: “La empresa está atravesando una situación económica compleja tras tres años de pérdidas”. Este contexto obligó a que empresarios y sindicalistas se pongan a negociar.

Entrada del supermercado Carrefour, en el shopping Paseo Alcorta, Ciudad de Buenos Aires. / DANIEL GARCIA / AFP

Así las cosas, el gremio que representa a los trabajadores del sector firmó un primer acuerdo con la patronal el 19 de abril, pero despertó críticas en los empleados y otras empresas del mundo privado. La intención inicial era que el Estado pague las cargas patronales que hubiese dejado de aportar Carrefour, aproximadamente el 50% del total.

Sin embargo, la Cámara Argentina de Supermercados calificó al convenio de “competencia desleal”, y pidió el mismo trato, es decir: librarse de las cargas patronales y que el dinero lo ponga el Estado. El gasto público habría sido enorme, entonces retocaron el texto, en desmedro de los trabajadores.

“Esta clase de políticas perjudica a todos, desfinanciar la ANSES les sirve para justificar una posible privatización del sistema previsional”, opina la abogada laboralista Andrea Hanfling. En tanto, los empleados que se oponen al acuerdo firmado por sus representantes gremiales realizaron una huelga el sábado 21 de abril, y se esperan nuevas medidas de fuerza.

Leandro Lutzky

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