El Gobierno de Nicaragua criticó el martes la alianza de la oposición con las protestas con el propósito de provocar “una ruptura del orden constitucional”.
“Estas son acciones encaminadas a una ruptura del orden constitucional con una exigencia de renuncia del Gobierno y adelanto de elecciones para hacer un cambio de Gobierno por la vía fáctica”, declaró el canciller nicaragüense, Denis Moncada, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En Nicaragua, denunció el diplomático, existe un plan de “desestabilización social” promovido por “intereses oscuros” para socavar los procesos legales, con el objetivo final de obligar a la renuncia al presidente Daniel Ortega.
Como origen de este problema y del aumento de la violencia, que ha tenido como resultado ya la muerte de 194 personas, Moncada señaló “grupos delincuenciales y de narcotráfico”.
La relación entre el Gobierno de Managua y la oposición vive momentos muy tensos, sobre todo después de reanudarse los diálogos entre ambas partes anteayer lunes. En la reunión, Ortega rechazó la propuesta de la Iglesia católica de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
En otra parte de sus declaraciones, Moncada negó que exista una “política de Estado represiva” en su país y acusó a los manifestantes de haber matado a 10 policías, además de causar pérdidas materiales de más de 7,6 millones de dólares con asaltos, quemas y saqueos de propiedad.
Las actuales protestas estallaron el 18 de abril, contra una polémica reforma del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) aprobada dos días antes (luego revocada), por la que se incrementaba la contribución de empresas y trabajadores, y se reducían en un 5 % las pensiones.
El Gobierno de Nicaragua ha reiterado en varias ocasiones su disposición para dialogar con los opositores, insistiendo en el cese de la violencia entre “hermanos” nicaragüenses.
