Manifestación de rechazo a la política intervencionista de la OEA en América Latina.

Alberto Acevedo

El artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, que es su estatuto fundacional, el que establece su norte, sus principios, dice: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen”.

Lo que en los últimos tiempos han hecho, el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, el gobierno de los Estados Unidos y el denominado ‘Grupo de Lima’ no ha sido otra cosa que violar de manera flagrante esos principios que dieron origen a la OEA.

El aval que la OEA brinda a la política de Washington y al ‘Grupo de Lima’, para imponer sanciones a Venezuela, vulnera casi todos los artículos del capítulo VII de la Carta, referidos al “desarrollo integral” y la “cooperación económica”, que deben prevalecer en las relaciones económicas de los países miembros de la OEA.

Criminalizar a Venezuela

Las sanciones económicas y financieras que ha impuesto la administración de Trump al gobierno bolivariano, constituyen un acto de agresión legitimado por la OEA. Que viene ligado al intento de criminalizar a Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante un informe elaborado por un “panel de expertos”, todos enemigos del proceso revolucionario venezolano, con el objeto de presionar a otros Estados latinoamericanos, para endurecer el cerco contra Venezuela y buscar una variante judicial que busque llevar al presidente Nicolás Maduro ante una corte internacional de justicia.

Lo paradójico es que los principios contenidos en la Carta fundacional del organismo de integración regional, en general han sido letra muerta. Por lo general, siempre ha sido un instrumento desestabilizador, funcional a la política de coloniaje y dominación de la Casa Blanca. Con razón, alguna vez Fidel Castro la llamó “el ministerio de colonias de los Estados Unidos”.

En 1954, Guatemala fue invadida por tropas mercenarias de la CIA, que derrocaron al gobierno democrático de Jacobo Árbenz. Entonces, nunca la OEA convocó a una reunión para examinar la situación en ese país. A partir del triunfo de la revolución cubana, en 1961, la actuación de la OEA facilitó el bloqueo económico, político y comercial contra la isla, y adoptó una estrategia de “dejar hacer”, para que Estados Unidos consolidara numerosos intentos contrarrevolucionarios, como la invasión a Playa Girón.

Fuerza armada regional

En abril de 1965, los marines norteamericanos desembarcaron en Santo Domingo para derrocar al gobierno constitucional de Juan Bosch. En ese momento, la OEA alentó la intervención, para facilitar que Estados Unidos tomara el control de la situación. Igual sucedió con la intervención norteamericana en Panamá, en 1989, la ocupación británica de las islas Malvinas (en territorio argentino), la invasión militar norteamericana en Granada y el asesinato de su presidente, Maurice Bishop, entre otros actos injerencistas en América Latina.

El organismo que hoy dirige Luis Almagro, antes que emprender una empresa de defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y la paz en el continente, a instancias de Estados Unidos creó una Fuerza Interamericana de Paz, organismo armado intervencionista, y más recientemente amenazó con la aplicación de la ‘carta democrática’ a los gobiernos que desafiaran la política hegemónica norteamericana.

Esta actitud pusilánime ante el poder imperial, contrasta, por ejemplo, con las 32 ocasiones en que, bajo la administración de Almagro, la OEA ha pretendido agredir a Venezuela bolivariana. Con esta hoja de ruta, el organismo regional permanece como referencia al viejo esquema de relacionamiento multilateral orientado por el Consenso de Washington, una instancia de espaldas a las realidades y necesidades regionales, legitimadora de golpes de estado y del intervencionismo extranjero.

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