Las fuerzas israelíes destruyeron brutalmente la aldea beduina Khan Al-Ahmar donde viven 200 vecinos de los cuales 90 son niños con el objetivo de continuar con la expansión de asentamientos en Territorio Palestino Ocupado. Es un intento israelí de limpieza étnica que no ha cesado desde 1948.
La destrucción israelí de la aldea palestina Jan al-Ahmar y la transferencia forzosa de sus habitantes es “un crimen de guerra”, enfatiza Amnistía Internacional.
“Seguir adelante con la demolición de Jan al-Ahmar no es solo extremadamente cruel, sino que también equivaldría a una transferencia forzosa, lo que es un crimen de guerra”, ha destacado este jueves en un comunicado la vicedirectora de Amnistía Internacional (AI) para Oriente Medio y Norte de África, Magdalena Mughrabi.
Israel comenzó el miércoles con brutalidad la destrucción de la aldea de Jan al-Ahmar (en Cisjordania ocupada), cerca de la cual este régimen tiene planeado construir 92 nuevos asentamientos. Los residentes de esta aldea beduina han resistido durante la última década a los intentos de desplazamiento forzoso.
En este mismo contexto, Mughrabi ha pedido que el régimen de Tel Avivi “sea responsabilizado por estas graves violaciones” del derecho internacional humanitario.
De acuerdo con la funcionaria de AI, Israel debe rendir cuentas por violar el Cuarta Convención de Ginebra (1949) destruyendo la referida aldea. La citada Convención prohíbe explícitamente a las fuerzas ocupantes desplazar poblaciones civiles de zonas ocupadas. Luego de hacer un llamado a la comunidad internacional a tomar medidas para “garantizar el respeto para (todas) las convenciones de Ginebra”, Mughrabi ha insistido en la necesidad de que Israel detenga cuanto antes la demolición de Jan al-Ahmar.
Según el comunicado, las fuerzas israelíes han declarado a esta pequeña comunidad “una zona militar cerrada” y han cerrado los accesos a la aldea. Además, agrega que varios informes recibidos por AI constatan agresiones violentas por israelíes contra manifestantes en Jan al-Ahmar así como “la limpieza de caminos para permitir el acceso de bulldozers”.
“Activistas locales e internacionales han sido heridos y arrestados por las fuerzas de seguridad, algunos detenidos brevemente. Decenas de hombres, mujeres y niños hacen frente al trauma del desplazamiento y de tener sus casas destruidas por las fuerzas de ocupación”, ha denunciado Mughrabi.
El régimen de Tel Aviv lleva aplicando políticas expansionistas y racistas para cambiar la demografía y el tejido social de los territorios palestinos ocupados.
Estas políticas “discriminatorias” han ayudado a unos 570 000 colonos israelíes a ocupar más de 120 asentamientos construidos en los territorios palestinos ocupados en Cisjordania y Al-Quds (Jerusalén) tras la Guerra de los Seis Días en 1967.
Las colonias israelíes en esos territorios palestinos son consideradas “ilegales” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y un gran número de países, dado que la Convención de Ginebra prohíbe construir en tierras ocupadas.
