Este martes se publicó en Boletín Oficial el decreto del presidente de Argentina, Mauricio Macri, el cual ordena no contratar personal público hasta el 31 de diciembre del 2019, cuando el mandatario finalizaría sus funciones, un día después que se realizará un multitudinaria movilización contra sus políticas económicas.
La medida surge tras el acuerdo de ese país suramericano y el Fondo Monetario Internacional (FMI), no incluye a la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Un recorte de trabajadores estatales fue oficializado esta mañana con el decreto que también incluyó un anuncio de despidos masivos: más de seis mil trabajadores estatales precarizados se quedarán sin trabajo a partir de 2019.
Los empleados que actualmente están contratados mediante la modalidad de Asistencia Técnica a través de universidades, entre seis mil y siete mil empleados distribuidos en todas las áreas del Estado. Según especificó el decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”.
Desde el Ministerio de Modernización aclararon que son 5800 los trabajadores contratados bajo la modalidad de Asistencia Técnica y que la norma no suspende los convenios con las universidades para otro tipo de consultoría. La prohibición queda sujeta a las contrataciones de empleados a través de esas partidas presupuestarias. También aseguraron que los trabajadores serán contratados bajo otra modalidad. Pero esto contradice lo dispuesto en el artículo 1º del decreto que prohíbe nuevas contrataciones de personal “de cualquier naturaleza”.
En un comunicado, el Gobierno recordó hoy que el decreto “va en línea” con su meta de 1,3 por ciento de déficit fiscal fijada para 2019 tras el acuerdo alcanzado recientemente con el FMI, que incluye un préstamo de 50.000 millones de dólares.
