En Perú, nuevos audios de la corrupción han ocasionado la remoción de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.
El presidente del Poder Judicial de Perú, Víctor Prado, ha declarado en emergencia el Consejo Ejecutivo de este poder del estado, un organismo de gestión que atraviesa una crisis institucional.
A raíz de los audios difundidos por plataformas periodísticas que involucran a dos de sus jueces, la Sala Plena de la Corte Suprema decidió removerlos de sus cargos, una decisión respaldada por el presidente Martín Vizcarra.
Al juez superior, Augusto Ruidías Farfán y a la jueza de primera instancia, Rosa Vera Meléndez, se les acusa de haber intercedido con el suspendido vocal supremo, César Hinostroza para que la magistrada María Luisa Apaza sea favorecida con un cambio de plaza. Esto en el momento en que Apaza era presidenta del tribunal encargado del juicio por lavado de dinero contra la familia Sánchez Paredes.
La corrupción en la Justicia peruana supera a los implicados en los audios. El juez Emilio Gonzáles Chávez fue sentenciado a nueve meses de prisión preventiva y suspendido por cinco años en el ejercicio de sus cargos, por recibir parte de un soborno cercano a los 10 mil dólares, según el Poder Judicial.
Diez días de plazo Víctor Prado ha denunciado para reconstruir el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. En el supuesto de que los miembros de la sala renueven la confianza a los cuestionados jueces, Prado ha anunciado que tomará una actitud más radical. La reforma del Poder Judicial es también un clamor de la mayoría de peruanos.
Rudy Jordán, Lima.
