Una mujer protesta con una fotografía con expresidentes señalados por la matanza de Tlatelolco. Ciudad de México, 2 de octubre de 1998. Andrew Winning / Reuters

Han transcurrido 50 años de la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 en México, pero las huellas de aquel suceso aún resuenan como un eco permanente entre los sobrevivientes de la tragedia.

“El 68 es una herida abierta”, afirma Ana Ignacia Rodríguez, conocida como ‘La Nacha’, durante una entrevista con RT.

“No hay nada que festejar. Hay que conmemorar, pero no hay nada que celebrar, porque no hemos tenido justicia. Es vergonzoso que a 50 años y después de todo lo que se está haciendo sigamos con los juicios”, señala.
Crónica de un crimen de Estado

La Nacha era estudiante de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México cuando se sumó al Comité de Huelga y las movilizaciones que derivaron en la masacre ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, ordenada por el gobierno del expresidente Gustavo Díaz Ordaz y orquestada por el ejército.

“Estábamos con nuestra pancarta y nos toca el sobrevuelo del helicóptero. Yo no sabía en ese momento lo que significaban las luces de bengala. Veo que las lanza el helicóptero. En ese preciso momento, veo que una mano con un guante blanco le tapa la boca al líder que estaba hablando en el tercer piso del edificio y lo tira”, relata La Nacha.

“No me dio mucho tiempo de reaccionar. Ahí vi que salió una ráfaga y vimos que caían. No podía creerlo”, cuenta.

Un maestro hablando con un soldado en las inmediaciones de San Ildefonso en julio de 1968. / wikipedia.org / Marcel·li Perelló / Dominio público

Ana Ignacia se encontraba junto a una compañera suya de la Facultad de Derecho, Roberta Avendaño Martínez, conocida como ‘La Tita’, cuando comenzó la masacre. Salieron corriendo del lugar y se pierden de vista en el trayecto.

En plena huida, pasa un automóvil grande que ofrece llevarla. Ella entra al automóvil y se da cuenta que las personas que están dentro son agentes del gobierno, porque llevaban un distintivo en el brazo. El chofer se detiene a comprar cervezas en medio de la masacre. La Nacha sale de pronto del automóvil y se echa a correr durante varias cuadras hasta que finalmente pierde a sus captores.

Con ayuda de algunas turistas estadounidenses, llega hasta casa de Luis, un amigo médico, quien estaba casado y con hijos. Ahí prende el televisor y entra en una crisis nerviosa tras ver las noticias.

“Estaba un noticiero muy famoso y dijo lo que estaba pasando, tal cual. Y de repente aparece un cintillo que dice: la versión oficial es que el ejército tuvo que intervenir porque había francotiradores dentro de los estudiantes”, recuerda La Nacha. “Para mí fue un choque muy fuerte. No puede ser posible que estuvieran mintiendo a ese grado”, agrega.

Luego vendría la cacería.

Persecución tras la matanza

Los agentes de la Dirección Federal de Seguridad intervinieron varios teléfonos y lograron capturar a La Nacha, tras una emboscada. Ocurrió luego de que su amigo Luis, la entregara a la policía luego de que este fuera amenazado con no volver a saber nada de su hija y su esposa, quien había sido detenida tras ser confundida con La Nacha.

“Llego a su casa con propaganda para seguir. Abre una persona que no conocía y me dice: pásale, la fiesta va a empezar. Vi a cinco agentes”, cuenta. “¿Tu eres Nacha, no? Ponte un abrigo porque vas con nosotros”, le dijeron. La estudiante entró al baño e intentó escapar, pero no pudo hacerlo. Fue trasladada a la prisión preventiva, donde experimentó el terror como nunca antes.

Ana Ignacia Rodríguez, La Nacha, afirma que el gobierno mexicano inventó un supuesto “complot comunista” para justificar la masacre. / Manuel Hernández / RT

Uno de los policías intenta tranquilizarla y se percata de que los pantalones de La Nacha están manchados de sangre. No le tocaba aún su periodo, pero el susto hizo que se adelantara el sangrado. El policía le lleva ropa nueva y un poco de comida. Nacha tiene miedo de ser envenenada.

“¿Eres estudiante, verdad? No dejes que te saquen, grita y nosotras hacemos escándalo, porque si te sacan no te van a regresar”, le dijeron dos mujeres. Muchas de ellas eran violadas y desaparecidas por la policía. “Era puro miedo”, relata La Nacha. “Ante ese panorama, yo, joven, de 23 años, nunca había padecido una cosa parecida. Realmente sufrí muchísimo esa prisión”.

Los policías recibieron la orden de no tocarla. A los pocos días salió de los separos, pero antes de eso, la obligan a ver cómo torturaban a otros detenidos. Tras ser amenazada de muerte y quedar fichada, regresa a su casa, en el pueblo de Taxco, Guerrero.

“Me tocó estar en la época de la Olimpiada en Taxco, pero mi mamá no sabía que había estado yo presa. Cuando vi la Olimpiada por la televisión, yo lloraba. Mi mamá me decía: ‘ay hija, estás muy emocionada por la medalla de oro del Tibio Muñoz (un atleta mexicano)’ Yo le decía que sí, pero pensaba: si tú supieras que han matado a mis compañeros y me han tenido en lugares horribles…”, recuerda La Nacha.

Regresó a la Ciudad de México meses después, para continuar con sus estudios. Fue ahí donde los federales la capturaron de nueva cuenta, mientras estaba en su casa.

“Entran con llave a la puerta de la sala. Pasaron los agentes, con metralleta y toda la cosa. Parecía que era yo una guerrillera por cómo entraron”, asegura La Nacha, quien dice haber sido secuestrada junto a su compañero Arturo Pérez Sánchez, a quien le apodaban ‘el Che’. Ambos son llevados a una casa de seguridad donde son interrogados.

Una exposición muestra el tratamiento que dio la prensa mexicana a la matanza de Tlatelolco. Ciudad de México, 28 de septiembre de 2018. / Ronaldo Schemidt / AFP

“Llega un personaje con corte de pelo militar, atuendo camuflageado, gordo. Me comienza a interrogar y me dice que se me acusa de varios cargos. Estos me consideraban una guerrillera porque inflaron mi proceso de manera gigantesca. El tipo con acento norteamericano me dice: ‘tienes que firmar que te haces responsable de esto'”, cuenta. La Nacha responde que es estudiante y que nunca ha hecho nada de lo que se le acusa, incluyendo la muerte de un militar estadounidense.

“Ahí es donde yo concluyo que el tipo que me interrogó era de la CIA“, señala.

Hicieron una llamada telefónica. Se escuchó un grito de dolor, de mujer. Le dijeron que era su madre. “¿Quieres que le sigamos?”, le preguntó el militar con acento gringo. Fue así que, presionada, pidió que se detuvieran y se echó la culpa por crímenes que no cometió.

Las huellas del encierro

Pasó dos años en prisión, en el penal de Santa Marta. Fue una de las cuatro mujeres que permaneció un largo tiempo encerrada por participar en las protestas estudiantiles, junto a su amiga, La Tita.

Cuenta que al salir de la cárcel, la vida fue dura. Tuvo dos hijas, pero el estigma de haber sido presa política es algo que la ha acompañado toda la vida.

Hoy con el triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador, dice sentirse partícipe de un cambio democrático que tomó medio siglo de sacrificios, esfuerzo y penas.

“No sólo yo, sino toda mi generación, ha dado mucho para que se de este cambio. Este cambio no es gratuito. Nosotros siempre hemos estado en la disidencia y hemos seguido luchando”, cuenta.

Esto, aún cuando las condiciones del país se han deteriorado con el incremento de la violencia y el florecimiento del narcotráfico.

Concentración del Comité del 68 para exigir justicia, Ciudad de México, 2 de octubre, 2016. / Edgard Garrido / Reuters

“Durante 50 años han pasado muchas cosas, pero hoy está más duro. Yo no había vivido una situación así en mi país y sí considero que el hecho de que esté el narcotráfico metido cambia el panorama de la violencia contra las mujeres y otros fenómenos”, dice.

Esto, sin contar con que el reclamo de justicia enarbolado por el Comité 68 –organización de la que forma parte y reúne a los exestudiantes que fueron encarcelados y perseguidos por el gobierno– sigue exigiendo castigo contra los responsables de la masacre y la represión.

“Nosotros lo que queremos es que se haga justicia, porque el principal responsable ya murió, pero el otro sigue vivo (el expresidente Luis Echeverría) y los militares que estuvieron en estas matanzas aún viven”, señala La Nacha.

Lucha histórica por declarar un “genocidio”

Rafael Rangel Soto es otro integrante del Comité del 68. Era apenas un niño de 13 años de edad cuando comenzó a involucrarse en el movimiento estudiantil mientras cursaban la secundaria. Su escuela estaba a un costado de la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, donde ocurrió la masacre.

“Empezó la gresca y corrimos de un lado para otro. Tuve la oportunidad que una maestra de aquel entonces, a mí y a otros dos compañeros de secundaria, nos sacara de ahí para correr y salvarnos”, relata Rangel. “Viviendo a tres cuadras de ahí, las consecuencias eran graves: los gases lacrimógenos, las balas que se oían toda la noche. Llegaban los soldados, los granaderos y abrían casas. Fue terrible“, recuerda.

Rafael Rangel tenía apenas 13 años cuando ocurrió la masacre. Medio siglo después sigue exigiendo justicia. / Manuel Hernández / RT

“Había tal efervescencia de jóvenes que tú los veías y te prendías. Es algo que te deja marcado para toda la vida”, dice en entrevista con RT.

Eran tiempos en que la paranoia de un supuesto “complot soviético” en el contexto de la Guerra Fría, que provocó una persecución política contra los estudiantes. Hoy, medio siglo después, archivos desclasificados del gobierno de EE.UU. documentan que la menos tres expresidentes mexicanos, dos de ellos involucrados con la masacre del 2 de octubre, trabajaban como informantes de la CIA: Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

Cinco décadas después, los sobrevivientes de la matanza estudiantil del 68 y del llamado Halconazo de 1971 (en que paramilitares vestidos de civiles reprimieron y asesinaron estudiantes en otra movilización), mantienen una lucha legal para que los responsables enfrenten cargos por el delito de genocidio.

“Buscamos que se le juzgue por genocidio, no es cualquier cosa, es la desaparición de un grupo social, en este caso, de estudiantes”, afirma Rangel.

A pesar de que en 2006 se dio un hecho inédito en México, luego de que un tribunal giró orden de aprehensión contra el expresidente Luis Echeverría –por ordenar la matanza cuando era secretario de Gobernación del sexenio de Díaz Ordaz– y tuviera que purgar prisión domiciliaria, el caso sigue sin resolverse.

Esto, debido a que Echeverría presentó un amparo y le decretaron libertad por falta de elementos para ser procesado y con reservas de ley, lo que significa que el caso no está cerrado.

A 50 años de la tragedia, los sobrevivientes de la masacre buscan reabrir el caso para sentar un precedente y que se haga justicia.

Luis Echeverría, de 96 años de edad, expresidente de México. / Str Old / Reuters

“El Comité 68 ha decidido promover un amparo debido a que la Procuraduría General de la República ha incurrido en una total inactividad desde 2009 a la fecha en investigación del delito de genocidio en Tlatelolco. Nosotros creemos que es necesario impulsar este recurso, porque a 50 años del 68, ninguna persona ha sido procesada y condenada por este delito”, señaló Víctor Guerra, asesor jurídico del Comité 68.

Para algunos activistas como Rangel, es posible que con el cambio de gobierno y la llegada de López Obrador se generen condiciones para que finalmente, se haga justicia.

“Ha sido una lucha cruenta y desigual“, afirma Rangel, quien sin embargo señala: “Hoy lo percibimos como una oportunidad para demandar justicia“.

Una lucha de medio siglo que podría tomar otro rumbo con el triunfo electoral de la izquierda en las elecciones presidenciales mexicanas, y su promesa de resolver los grandes pendientes del Estado mexicano con los movimientos y luchadores sociales.

El número de muertos

A pesar del paso de los años, las cifras sobre el número de muertos en la matanza del 2 de octubre no es concluyente.

El gobierno mexicano, a través de la Dirección Federal de Seguridad reportó un saldo oficial de 26 muertos y 100 heridos.

En tanto, la Agencia de Seguridad Nacional de la Embajada de Estados Unidos en México informó entonces que el número de muertos era de entre 150 y 200 personas.

El periodista John Rodda, corresponsal del periódico inglés The Guardian, quien estuvo en la Plaza de las Tres Culturas el día de la matanza, publicó que la cifra ascendía a 500 muertos (según le dijo un periodista mexicano cuyo nombre no citó). Luego conversó con estudiantes del Consejo Nacional de Huelga, quienes dieron la cifra de 325 muertos.

Una investigación más reciente, basada en archivos históricos y realizada por la comunicóloga Susana Zavala, documentó 78 muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados y 1.491 detenidos de julio a diciembre de 1968. Sin embargo, la investigadora considera que el número de asesinados podría ser mayor.

“Necesitamos conocer más sobre las víctimas. Como sociedad hay que empezar a cerrar este pasado que todavía a 50 años nos sigue abriendo varias heridas”, dijo Zavala en un conversatorio realizado por la UNAM el 13 de septiembre pasado.

Manuel Hernández Borbolla

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