En 2015 el Parlamento autonómico navarro aprobó una ley para investigar la verdad sobre los casos de torturas y malos tratos de “grupos de la extrema derecha y funcionarios públicos”.

En julio de este año el Tribunal Constitucional la anuló con el pretexto de que invade competencias de los jueces y persigue “fijar la verdad de lo ocurrido”.

Lo más suave que se puede decir es que se trata de una desfachatez. También se puede decir que el Tribunal Constitucional hace como los avestruces; no quiere saber nada, ni de la verdad ni de la mentira sobre “lo ocurrido”. Tierra encima.

Volvemos, pues, exactamente a lo mismo de siempre. En Ucrania el “holodomor” es una verdad histórica incuestionable impuesta por ley; en España no dejan que las leyes impongan verdades, ni cuestionales ni incuestionables. En un caso (Ucrania) se trata de tapar; en el otro (España) de no destapar.

La del Tribunal Constitucional es una sentencia típicamente fascista y típicamente hispánica. Aquí hay que enterrar el pasado y cualquier intento de rescatarlo será inútil. No se va a investigar nada, y si se investiga, no hay problema: el crimen ha prescrito.

Las cunetas siguen llenas de cadáveres y los criminales no sólo han quedado impunes, sino que han sido ascendidos, condecorados y recompensados por los servicios prestados al terrorismo de Estado y la guerra sucia.

Si prestan un poco de atención a los detalles, se darán cuenta de que la ley navarra equiparaba a los “funcionarios públicos” con los “grupos de extrema derecha”, un matiz que a la mayoría siempre les pasa desapercibido, a pesar de que los crímenes de la “extrema derecha” vayan acompañados del correspondiente “funcionario público” y no sea posible diferenciar a uno de otro.

Con sentencias así no hace falta recurrir a sesudos análisis sobre lo que es el fascismo porque el Tribunal Constitucional, que es fascista, ha definido mejor que nadie de lo que estamos hablando: primero, este Estado hereda al anterior y como ambos forman una unidad, no puede asumir ninguna de sus responsabilidades; segundo, como los fundamentos de uno y otro son los mismos, es decir, como este Estado sigue apoyándose en el terrorismo de Estado, tiene que echar tierra encima de los crímenes que le son propios.

Si este Estado hubiera cambiado en algún momento de la historia, no se sentiría vinculado al pasado y, como mínimo, hubiera puesto en marcha la lavadora. Quizá exigir responsabilidades a los torturadores y criminales hubiera sido demasiado, pero averiguar lo que ha ocurrido es lo mínimo.

Ya ven que no somos vengativos en absoluto; no queremos sangre, pero tenemos derecho a saber y, por lo tanto, estamos en la obligación moral y política de exigir la apertura de una investigación.

Pues bien, eso es lo que el Tribunal Constitucional trata de impedir. Por eso sostenemos que es un Tribunal fascista que ha dictado una sentencia a la misma altura, la que cabía esperar.

Ahora sólo nos queda esperar que alguien incluya esto, que no son partidos ni son votos, dentro del actual “auge de la ultraderecha”, por un motivo bien sencillo de entender: si los fascistas saben no solo que tienen garantizada su impunidad por los crímenes que cometan, sino que además nadie va a investigarlos, ¿qué esperamos que hagan?

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