El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, habría contratado una firma internacional de abogados para recibir asesoría sobre sanciones y litigios internacionales, según publicó el Center for Responsive Politics (CRP), un grupo de investigación que registra el movimiento de cabildeos en EE.UU.

Según el organismo, el parlamentario, autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, solicitó los servicios de Arnold & Porter, una firma con experiencia en trámites de  inversiones y arbitrajes internacionalessegún se lee en su página oficial.

El CRP indica que el grupo reclutado por Guaidó tiene previsto reunirse con funcionarios del Gobierno de EE.UU. para tratar “la preservación de los activos de Venezuela” en suelo estadounidense y la posible instalación de una “representación diplomática” paralela, luego de los “nombramientos” de embajadores que hiciera el líder opositor, quien designó al prófugo de la justicia, Carlos Vecchio, como su ‘encargado de Negocios’ ante Washington.

Ante un complicado escenario internacional, Guaidó contrató a la firma de cabilderos para apuntalar el apoyo dentro de EE.UU. en medio de dos jugadas arriesgadas: el ingreso forzado de una “ayuda humanitaria”, que ha sido rechazada por el Gobierno electo; y el reciente ‘nombramiento’ de una nueva “junta directiva” para Citgo, la filial en EE.UU. de  Petróleos de Venezuela (PDVSA). Esas designaciones, a la luz de varios dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) son nulos e inconstitucionales.

Arnold & Porter, refiere el citado reporte, tiene especial experticia en sanciones económicas; derecho corporativo y bancario; litigios de EE. UU. y arbitraje internacional. El reclutamiento ocurre apenas un par de semanas después de que la estatal petrolera venezolana fuese castigada por el Gobierno de Donald Trump con una medida coercitiva y unilateral que comprende el congelamiento de unos 7.000 millones de dólares en activos de esa compañía en territorio norteamericano.

El presidente Nicolás Maduro ha tildado las medidas de Washington de “ilegales” y “criminales”, y anunció la implementación de acciones legales para defender los activos en el exterior del país suramericano. El pasado 02 de febrero, el mandatario venezolano informó que su Gobierno había iniciado la batalla legal para garantizar “la propiedad de Citgo“.

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