El ministro del Poder Popular para el Trabajo de Venezuela, Eduardo Piñate, habla en la Conferencia de Organización Internacional del Trabajo (OIT), Suiza, 14 de junio de 2019.

Piñate, a la cabeza de un grupo de trabajadores venezolanos que participaron el viernes en la 108.ª Conferencia de Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza), señaló que el Gobierno de Caracas ha elevado a otros organismos internacionales las consecuencias del bloqueo económico impuesto por EE.UU. contra el país latinoamericano que ha generado pérdidas por más de 30 000 millones de dólares, así como la dificultad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades del pueblo.

El titular venezolano, no obstante, destacó que la nación bolivariana está determinada en presentar resistencia ante los ataques de la derecha internacional y, al respecto, vaticinó una victoria aplastante.

“En el marco de esta centenaria conferencia le ratificamos al mundo que seguiremos luchando con todo lo que tenemos a nuestra disposición para defender el futuro del trabajo, el futuro de las libertades de los seres humanos y el futuro de la humanidad misma”, aseguró Piñate.

Por su parte, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), Wills Rangel, ratificó en la misma conferencia las afirmaciones del ministro venezolano y consideró las sanciones unilaterales e ilegales aplicadas por Washington como un “boicot comercial”.

“Se ha generado la pérdida de empleos y deterioro de los salarios, poniendo en juego 20 años de conquistas de la clase obrera con la Revolución Bolivariana”, denunció Rangel.

Washington, a fin de apoyar al opositor Juan Guaidó —que se autoproclamó en enero como el presidente interino de Venezuela—, ha establecido varias nuevas rondas de sanciones contra la nación venezolana.

Las autoridades venezolanas consideran que el bloqueo financiero del imperio estadounidense a Caracas es parte de la “fracasada estrategia” de la Casa Blanca para orquestar un golpe de Estado y sacar del poder al presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro.

Además, Caracas tacha de “crímenes de lesa humanidad” las medidas coercitivas de Washington en su contra, las cuales apuntan al pueblo común y pretenden sofocar la economía de este país latinoamericano.

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