lunes, octubre 14, 2019
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La ultraderecha declara la guerra a los trabajadores en Costa Rica.

14 de septiembre de 2019.— Acabó la convivencia pacífica, se declaró la guerra a los trabajadores. Esa batalla es permanente, pero ahora se hizo evidente y también escandalosa en Costa Rica.

Una mayoría de diputados, encabezados por el Presidente de la República, decidieron quitarse la máscara ‘democrática’ para anunciar a los trabajadores que se les acabó el derecho a protestar y a buscar la justicia social apelando al ejercicio de una facultad fundamental, el derecho que le otorga el artículo 61 de la Constitución, es decir declarar una huelga.

Lo cierto es que con esa ley o sin ella los trabajadores protestarán siempre que se demande justicia.

Una ley de la vida social que, por su valor ético, es irrenunciable. El derecho permite o prohíbe y organiza, siempre sometido a determinados intereses hegemónicos; esto resulta cierto pero la ética política exige que la justicia y la fraternidad se impongan aún contra el derecho vigente.

Para los explotadores la acumulación de riqueza y de capital valdrá siempre más que su dignidad. Los trabajadores están ubicados en la antípoda moral. Así, el valor de la justicia y de la igualdad es superior a cualquier ley.

Los asalariados y los campesinos producen todos los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas, además, administran, sanan, enseñan, asean, distribuyen, experimentan e investigan. Esas manos y esos talentos son los ejes centrales de la vida humana, el cerebro y el corazón de la sociedad.

Al frente están sus enemigos, sedientos de riquezas materiales y de falsos honores. Son los que sin producir nada se apropian de lo que aportan los auténticos creadores, los que trabajan.

Unos van por un camino y los de enfrente por otro muy distinto. Unos marchan por la vía de la justicia social, por la vida plena, por la felicidad y por el amor. Otros, por el camino del odio, de la explotación y de la desenfrenada avaricia.

Llámenlos como lo llamen algunos estos choques de intereses han estado presentes en toda la historia humana. Su nombre científico es lucha de clases. En la estructura social capitalista unos acumulan riquezas y capitales explotando el trabajo de otros que por norma apenas pueden obtener una pequeña parte de los valores producidos con su esfuerzo.

Mienten los promotores de la ley estúpida cuando dicen que es para defender a los habitantes de los supuestos desmanes de los huelguistas. Basta con decir que los supuestos sufrimientos de la población. Los afectados por una huelga de cualquier rama de los trabajadores, nunca le han preocupado a la oligarquía. Esos lamentos son actos de hipocresía.

Si tuvieran alguna preocupación por la vida de los pobres no cometerían felonías tan graves como no pagar ni el salario mínimo, no eludirían ni evadirían el pago de los impuestos y tampoco retrasarían el pago de las cuotas a la seguridad social.

Además, tendrían preocupación por otros asuntos tan graves como la corrupción que ha sido la fuente principal de algunos de los mayores capitales del país, por la desesperada situación de los pescadores o por la gravísima y ruinosa crisis de muchos campesinos; ya habrían intentado meter en cintura a la llamada Palma Tica que practica un dumping en Panamá para arruinar a los productores costarricenses.

A los más pobres los oligarcas los consideran un detritus social, hacinados en tugurios, sin atención médica, diezmados por el hambre, utilizados por los grandes narcotraficantes. Tampoco han puesto jamás su mirada sobre los cientos de miles de trabajadores informales, a menudo perseguidos por la policía. El Estado está obligado a atender a esta población.

El artículo 61 de la Constitución Política otorga a los trabajadores el derecho a la huelga y a los patrones otro correlativo que es el derecho de paro de actividades. Al paro que puede tener efectos tan serios y hasta más graves que las huelgas, la Asamblea Legislativa no le presta ninguna atención.

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