El Departamento de Justicia de EE.UU. emitió este lunes un aviso de propuesta de reglamentación para la llamada ‘Ley de huellas dactilares de ADN’, con la que se abre la posibilidad de recolectar muestras de migrantes que sean detenidos por las autoridades estadounidenses. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México mostró este martes su preocupación ante dicha medida.
Con esta normativa, el Fiscal General de EE.UU. podría autorizar al Departamento de Seguridad Nacional recolectar las muestras de ADN en personas migrantes para facilitar “los esfuerzos de investigación y reducción de delitos federales, estatales y locales”, señala el Departamento de Justicia en un comunicado.
Por su parte, a través de una comunicación oficial, la cancillería mexicana reiteró la asistencia y protección a sus connacionales en EE.UU., a través de su embajada y red consular, con la intención de vigilar “el uso apropiado y el respeto a la privacidad de la información de ciudadanos mexicanos almacenada por las autoridades estadounidenses”.
La ‘ley del ADN’
La llamada ‘Ley de huellas dactilares de ADN’ fue aprobada por la Cámara de Representantes de EE.UU. y el Senado en 2005, con el fin de almacenar y rastrear datos recopilados de personas arrestadas, acusadas o condenadas en relación con delitos graves.
Sin embargo, el 10 de diciembre de 2008, el Departamento de Justicia publicó en el Registro Federal una regla que permitió al Departamento de Seguridad Nacional eximirse de recolectar muestras de ADN de personas detenidas no estadounidenses.
El cambio de reglas propuesto este lunes eliminaría esa excepción y restablecería al Fiscal la autoridad plenaria para autorizar y ordenar a cualquier agencia federal que “recolecte muestras de ADN de individuos arrestados, acusados o condenados o de personas no estadounidenses detenidas bajo la autoridad de Estados Unidos”.
Apenas el 8 de octubre, las autoridades estadounidenses dieron a conocer la detención de 972.000 migrantes indocumentados en la frontera con México durante el año fiscal 2019 –que va de octubre de 2018 a septiembre 2019–. Se trata de un aumento del 88 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
