Según informó el miércoles el periódico estadounidense, citando a fuentes familiarizadas con la iniciativa, la proclamación presidencial, que aún existe en forma de borrador, afectará a unos 92 millones de militantes del Partido Comunista de China (PCCh, por sus siglas en chino).
La propuesta podría autorizar al Gobierno estadounidense a revocar las visas de los miembros del partido chino y sus familiares que ya se encuentran en territorio estadounidense, así como también restringiría la entrada de militares del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China y directores de empresas controladas por el Estado chino, aunque es probable que muchos de ellos también sean miembros del PCCh.
Los detalles del plan aún no han finalizado y el presidente de EE.UU., Donald Trump, podría acabar rechazándola, señala el medio.
Entretanto, conforme al diario estadounidense, la prohibición de los miembros del Partido Comunista de China sería difícil para el Gobierno estadounidense, ya que el país norteamericano no tiene conocimiento de la orientación política de los visitantes chinos.
La nueva orden ejecutiva citaría supuestamente las mismas cláusulas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que la Administración de Trump usó en 2017, cuando suspendió la entrada para ciudadanos de varios países mayoritariamente musulmanes. La normativa le confiere al mandatario el poder de bloquear temporalmente el ingreso de ciudadanos extranjeros que se consideran “perjudiciales” para los intereses de EE.UU.
En fechas recientes, la intromisión de las autoridades estadounidenses en los asuntos de Hong Kong y la presencia militar de EE.UU. en el mar de la China Meridional han agudizado las tiranteces entre los dos países, cuyas relaciones parecen atravesar su peor momento en décadas, sobre todo, tras la propagación del coronavirus, calificado de “virus chino” por Washington, un término que Pekín rechaza tajantemente.
El reciente anuncio se produce un día después de que el inquilino de la Casa Blanca anunciara el fin del tratamiento preferencial para Hong Kong y firmara un proyecto de ley que autoriza nuevas sanciones a funcionarios chinos por intervenir supuestamente en la autonomía de la antigua colonia británica; una gestión rechazada por China que sostiene que los temas relativos a la isla son asuntos internos.
