En un comunicado, el secretario general de Conusi, Marco Andrade, estimó que la medida solo beneficia a pocos sectores que, según la administración de Laurentino Cortizo, registraron una recuperación económica el pasado año en relación con 2019, pero el resultado es más sufrimiento al pueblo.
“Esos salarios mínimos no satisfacen las necesidades materiales de los trabajadores ni de sus familias; y ocurre cuando los precios de los artículos de primera necesidad suben constantemente y este Gobierno es incapaz de buscarle una solución a esa problemática”, remarcó Andrade.
Estadísticas oficiales señalan que en el Istmo en noviembre último, la inflación acumulada llegó a 1,5 por ciento, mientras que el crecimiento interanual se situó en el 3,4 por ciento.
En Panamá existen cerca de 40 salarios mínimos, dependiendo de la actividad económica y la región del país, pero la ley establece que deben ser ajustados cada dos años, tras un consenso de empleadores y trabajadores, algo que en 2021 no ocurrió, como es lo tradicional, por lo que el Ejecutivo asume la decisión.
Según dio a conocer la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, la víspera, para los años 2022 y 2023 hay sectores incluso cuyas tasas se mantienen, entre ellos hoteles, restaurantes y comercio, que representan la mayoría de las pequeñas y medianas empresas-
A partir de la segunda quincena de este mes de enero, informó la funcionaria, solo percibirán aumentos en los sueldos agricultura, pesca y ganadería (1,5 por ciento); y las actividades de servicios sociales, financieras y salud privada (dos por ciento).
También servicios domésticos(cinco por ciento); suministro de electricidad, gas y agua (dos por ciento), y empresas bananeras (13 por ciento).
Para determinar el ajuste, agregó, el Gobierno tomó en cuenta las esferas con crecimiento por encima del tres por ciento en las proyecciones del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021 en relación con 2019, pues el 2020 fue un año atípico debido a la casi paralización de la economía a causa de la Covid-19, puntualizó.
Este Decreto Ejecutivo, enfatizó la ministra, es una decisión de justicia social ajustada a la realidad del país y las perspectivas de crecimiento que organismos nacionales e internacionales prevén para Panamá en 2022.
Los principales dirigentes de los sindicatos panameños anunciaron que el próximo lunes 3 de enero, en conferencia de prensa, se dirigirán a toda la nación para emitir su protesta por esta medida adoptada de manera unilateral.
