Amenazas en el frente militar y político

Por segunda vez en los últimos días, Rusia atacó ayer la infraestructura crítica ucraniana, en esta ocasión las infraestructuras hidroeléctricas de Krivoy Rog, comprometiendo el suministro de agua y haciendo crecer el nivel del río Ingulets, probablemente con la destrucción los pontones creados por las tropas ucranianas para su ofensiva en el frente sur como uno de los objetivos. El ataque es un signo de continuidad tras el ataque a las infraestructuras eléctricas del pasado domingo, lo que señala la voluntad rusa de luchar y de atacar objetivos que, al contrario que Ucrania, había evitado hasta ahora. Aunque haya pasado desapercibida para los medios occidentales, la situación lleva meses siendo catastrófica en la ciudad de Donetsk, donde miles de personas disponen de suministro de agua apenas unas horas a la semana y no siempre de forma regular.

En el frente norte, donde estos días se producen los grandes acontecimientos militares, las tropas de la Federación Rusa y de las Repúblicas Populares continúan intentando estabilizar el frente y detener el avance de las tropas ucranianas, que prosiguen su intento de capturar localidades importantes como Krasny Liman, hacia donde ayer varias fuentes afirmaban que se habían enviado refuerzos. La pérdida de Krasny Liman supondría un aún mayor peligro para el norte de Lugansk, nuevamente amenazado por las tropas ucranianas casi dos meses después de que, con la recuperación de Lisichansk, toda la RPL quedara, por primera vez en ocho años, libre de tropas ucranianas. Pese a que fue celebrado como el final de la guerra en la República, sus localidades se encuentran de nuevo en riesgo y nunca han estado fuera del rango de la artillería ucraniana. Perevalsk fue, por ejemplo, la primera localidad en la que Ucrania probó sus sistemas HIMARS por primera vez.

Como otras muchas localidades de la zona, Perevalsk fue nuevamente atacada por la artillería ucraniana ayer. Quizá confundiéndolo con barracones militares, las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon el orfanato de la localidad. Seis niños resultaron heridos y murió un adolescente. Horas antes, en un bombardeo absolutamente gratuito sobre la zona urbana, ocho civiles perdieron la vida. Ayer, la artillería ucraniana atacó también las localidades de Dokuchaevsk, destrozada tras ocho años en plena línea del frente, Svetlodarsk, Gorlovka y también Debaltsevo. Los ataques a nudos de comunicaciones implican el intento de evitar el movimiento de tropas, una táctica esperable en un momento en el que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y los ejércitos republicanos intentan reagruparse para defender sus territorios y contener el avance ucraniano.

Pero el desarrollo de los acontecimientos no tiene solo consecuencias militares. El éxito en el frente se ha traducido, como ha sido la norma en los ocho años de guerra, en la exaltación nacionalista de Ucrania, que va más allá de las ceremonias de izado de la bandera nacional. El 17 de agosto, Kyiv Independent publicaba la intención de Ucrania de castigar como “colaboracionismo”, no solo defender o alentar a defender al ejército ruso o suministrar información sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino incluso repartir o recibir ayuda humanitaria rusa. En un contexto de crisis económica absoluta –Bloomberg publica esta semana un reportaje en el que argumenta que las tropas ucranianas pueden estar ganando la guerra, pero su economía la está perdiendo-, escasez de todo tipo de bienes y pérdidas masivas de empleos, Ucrania pretende criminalizar incluso percibir ayuda humanitaria.

La postura ucraniana no se ha moderado con el éxito militar. Apenas unas horas después de recuperar la zona, por medio de varios representantes del Gobierno o de la Oficina del Presidente -el verdadero Gobierno de Ucrania, con Andriy Ermak a la cabeza-, Ucrania anunciaba su intención de castigar con penas de prisión a todo “colaboracionista”. Siguiendo infames ejemplos de la historia europea del siglo pasado, tanto Oleksiy Arestovich como la viceprimera ministra Irina Vereschuk han puesto sus miras en los profesores.

Según publicaban el lunes todos los medios ucranianos, muchos de ellos jactándose, Vereschuk anunció la detención de los profesores que han enseñado en los territorios bajo control ruso según el programa escolar ruso. Como publicaba Strana, los profesores rusos serán juzgados “según el Artículo 438 del Código Penal (violación de las leyes y costumbres de la guerra)”, es decir, como criminales de guerra. Y pese a la intención de aplicarles las leyes de la guerra, no podrán ser incluidos en las listas para un posible intercambio de prisioneros.

Los profesores ucranianos que hayan aceptado enseñar según el temario ruso también serán castigados, en este caso por colaboracionismo. “Hay serias penas de prisión y vuelvo a pedir de nuevo a todos los profesores en los territorios temporalmente ocupados que en ningún caso deben colaborar con el enemigo y el ocupante, que se marchen lo antes posible y así salven sus vidas y su salud”, afirmó Vereschuk. El curso comenzó el 1 de septiembre con el habitual día festivo, para comenzar las clases realmente al día siguiente. Una semana después, Ucrania recuperó los territorios de Járkov, por lo que esos profesores a los que Ucrania pretende tratar como criminales de guerra o colaboracionistas enseñaron a los alumnos un máximo de siete jornadas escolares.

Los maestros y los alumnos han sido, desde hace meses una de las obsesiones de Vereschuk. Tras la primera advertencia contra aceptar enseñar -es decir, continuar trabajando y ganándose la vida en un contexto de depresión económica- según el temario ruso, Vereschuk llegó a pedir a las familias ucranianas en los territorios bajo control ruso que no enviaran a sus hijos al colegio. Los menores se lo agradecerían a sus progenitores en el futuro.

Sin embargo, el comentario de Vereschuk, unido a la advertencia de Arestovich de que todo ciudadano ucraniano que haya obtenido la ciudadanía rusa en los territorios recuperados por Ucrania será enviado a prisión, tiene un objetivo político que va mucho más allá de la zona de Járkov en la que Zelensky iza ahora banderas ucranianas. En un momento en el que Ucrania trata de exagerar sus éxitos -que son importantes y se han producido en una zona clave para la defensa de Donbass- y promete, no solo volver a las fronteras del 24 de febrero sino a las de 1991, las promesas de represión automática contra todo el que haya colaborado de alguna manera con las autoridades que Ucrania considera ocupantes se dirige especialmente contra la población de Donbass. Abiertamente considerada como desleal desde 2014, es en esa población en la que Ucrania quiere causar el pánico. Y si días antes de la intervención rusa Zelensky retiró de forma inesperada el proyecto de ley “sobre la colaboración”, menos duro que lo que ahora plantea Ucrania, como gesto de buena voluntad e intento de rebajar las tensiones, Kiev apuesta ahora por una postura más extrema. El gesto entonces era solo una formalidad. El propio Zelensky había animado a quienes en Donbass o en Crimea se sintieran rusos a hacer las maletas y emigrar a Rusia.

En esa línea se manifestó Oleksiy Arestovich, que prometió un castigo para quienes hayan obtenido voluntariamente pasaportes o pensiones rusas. Hay que recordar que Ucrania detuvo el pago de pensiones en Donbass en el verano de 2014, primero de facto, y de forma oficial ese otoño, dejando a miles de pensionistas sin acceso a sus pensiones u obligados a cruzar la línea del frente de forma regular para obtener sus jubilaciones. Tras años de intentos de avanzar en el proceso de Minsk, ante una situación de limbo administrativo en el que había quedado la población de Donbass, Rusia comenzó primero a aceptar los documentos expedidos por las Repúblicas Populares y posteriormente ofreció a sus ciudadanos la posibilidad de acceso rápido a la nacionalidad rusa. Cientos de miles de personas en Donbass han pasado en estos años por el proceso de listas de espera para conseguir sus preciados pasaportes. En los últimos meses, ese proceso se ha acelerado y ampliado a los territorios ucranianos bajo control ruso, donde ciudadanos ucranianos han obtenido y siguen obteniendo la ciudadanía rusa. En un intento de frenar esas imágenes, negativas para la propaganda ucraniana, Oleskiy Arestovich les ofrece, ante la posible llegada de Ucrania, la emigración o enfrentarse a acusaciones de “alta traición. Según Arestovich, solo quienes hubieran obtenido un pasaporte ruso o una pensión rusa “obligados” evitarán el castigo, aunque tendrá que ser un tribunal quien lo determine. Arestovich pretende así procesar a cientos de miles de personas.