Trabajadores panameños denuncian corrupción en instituciones públicas

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La Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP) denunció ayer a directivos del Instituto de Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (Ifarhu) por supuesta malversación de los bienes públicos y corrupción.

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En un comunicado, la CNTP respaldó denuncias sobre el mal uso del fondo del programa de auxilio económico que administra esa entidad, cuyo propósito lejos de beneficiar a familias vulnerables, favorece a descendientes de funcionarios y de partidos tradicionales.

 

“Estamos frente a escándalos económicos que no cesan y no hay aplicación de sanciones ejemplares que la frenen, ni en los propios partidos políticos, dejando la reputación del país en la impunidad, expresión de la paulatina decadencia en la cultura, la ética y la moral de la nación”, indica el mensaje.

Al respecto la central obrera alertó de pronunciamientos para eliminar al Ifarhu que, como la Caja de Seguro Social, garantizan subsidios al pueblo más humilde.

También señala que la institución creada por el General Omar Torrijos Herrera, debe ser objeto de desvelo y protección por su carácter noble y solidario.

En la semana, nuevas denuncias contra el director del Ifarhu, Bernardo Meneses, se presentaron en la fiscalía.

De acuerdo con el Ministerio Público (MP), la demanda interpuesta por el abogado Gonzalo Moncada apunta al directivo como responsable de los delitos de peculado y tráfico de influencias.

El letrado evidenció ante el MP que la máxima autoridad del Ifarhu beneficia con ayudas financieras a familiares de diputados y altos funcionarios públicos, asociados al gobernante Partido revolucionario democrático(PRD), para la culminación de sus estudios en el extranjero.

En su documento recuerda el letrado que esos fondos están destinados para becas y ayudas económicas a jóvenes estudiantes de escasos recursos o situación de pobreza.

También organizaciones como el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) repudiaron los sucios manejos del erario público y exigieron una investigación externa independiente de los casos denunciados y la suspensión inmediata de estos “auxilios” y todo lo concerniente a ese escándalo.

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