Como afirmamos en otra entrada, los magnates están sobrevalorados. Apenas son capaces de hacer las operaciones aritméticas más alementales. Sin embargo, muchos confuden a los listos con los listillos y creen que personajes como Elon Musk han amasado fortunas porque son inteligentes y capaces de llegar lejos.
Se equivocan. La mayor parte de las veces, los magnates sólo ponen su rostro y son otros los que hacen el trabajo duro. Así se crea una apariencia falsa.
En el caso de Musk, la Casa Blanca acaba de revelar la identidad de la persona que dirige oficialmente la institución responsable de la purga en la administración pública. Se trata de una discreta funcionaria de 53 años llamada Amy Gleason.
Trump firmó un decreto creando el departamento de eficacia burocrática, llamado Doge por sus iniciales en inglés, y todos pensaron que Musk estaba al frente. Pero durante una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se negó explícitamente a revelar el nombre del director de dicho departamento.
Por lo tanto, oficialmente Musk no tiene ningún nombramiento.
El departamento ocupa el lugar del Servicio Digital de Estados Unidos, creado por Obama. Gleason trabajó allí durante el primer mandato de Trump y bajo la presidencia de Biden. En su perfil de LinkedIn se presenta como asesora de dicho departamento.
Los últimos tres años ha trabajado en Russell Street Ventures, un fondo buitre con sede en Nashville, Tennessee, que invierte en sanidad.
Purgas, recortes y disciplina
Pero aunque Musk no esté oficialmente al frente de la purga, es un funcionario especial del gobierno que -en teoría- trabaja 130 días al año en la Casa Blanca. Es uno de los rostros de Trump que expone ante los micrófonos la necesidad de purgar las plantillas, reducir gastos e imponer disciplina. En su cuenta de X/Twitter amenaza con despedir a los funcionarios que no sigan sus instrucciones.
El Presidente de Estados Unidos nombra a los altos funcionarios, que luego deben ser confirmados por el Senado. No es el caso de Elon Musk ni de Amy Gleason, lo que puede envolver a Trump en otra maraña de juicios de constucionalidad. Por eso la Casa Blanca no quiere revelar la identidad del funcionario encargado del departamento.
A su vez, la opacidad plantea la cuestión del control democrático sobre una institución con amplios poderes, que es capaz de despedir a funcionarios públicos, cancelar contratos e incluso desmantelar oficinas enteras.
La resistencia a las purgas de Gleason es cada vez mayor. Nada menos que 21 funcionarios han dimitido. Su salida colectiva representa una reducción de casi un tercio de la plantilla.
14 Fiscales Generales del Estado presenten una queja diciendo que no hay mayor amenaza a la “democracia” que la concentración del poder del Estado en manos de un individuo al que nadie ha elegido.
