El cierre de Gobierno en Estados Unidos entró este sábado 1 de noviembre en su segundo mes y en una fase socialmente crítica, no solo por ser el segundo más largo de la historia del país, sino porque ha colocado en la angustia total a 42 millones de residentes en el país que dependen de la ayuda alimentaria, la cual se ha quedado sin financiamiento a partir de hoy. Entre estas personas figuran al menos 10 millones de latinoamericanos.
La crisis política entre demócratas y republicanos en el Congreso tiene un impacto devastador, ya que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha anunciado que esta jornada se queda sin fondos asignados, por lo que su actividad deberá ser interrumpida en breve. Tras darse a conocer la noticia, el país amaneció con largas filas de personas para recibir comestibles gratuitos en despensas de alimentos y puntos de distribución en automóvil.
El programa SNAP, también conocido como cupones de alimentos, es vital para uno de cada ocho estadounidenses, incluyendo una gran proporción de niños, personas mayores y ciudadanos con discapacidad.
El agotamiento de la financiación deja a millones de personas en una situación de incertidumbre alimentaria, lo que ha provocado reacciones cargadas de angustia: “es una noticia muy desagradable, porque el país está con mucha necesidad. Todos los alimentos han subido de precio, pero los salarios no”, dijo Emilia Ruiz, beneficiaria de este programa.
Golpes de ajuste a la alimentación y la salud: la América que Trump construye
A esta crisis alimentaria se suma un duro golpe a la salud pública. Este sábado también se publicaron las nuevas primas de los programas sanitarios del Obamacare (Ley de Cuidados Sanitarios Asequibles) para 2026. Los estudios preliminares apuntan a subidas en las pólizas de un 25% de media, lo cual se agrava por el fin de los subsidios aprobados en 2021 durante la pandemia.
Estas ayudas permitían que las pólizas fueran gratuitas para personas en situación de pobreza y subsidiaban parcialmente a quienes ganaban menos de 65.000 dólares anuales. Ahora, expertos alertan que la combinación del incremento de las primas y el fin de los subsidios provocará que el coste anual de las pólizas prácticamente se duplique, llevando a muchas familias a la pérdida de su seguro médico.
La gravedad de la situación provocó una respuesta legal, con jueces ordenando ayer al Gobierno de Donald Trump que encontrara una fórmula para financiar SNAP con fondos de emergencia, algo a lo que el Departamento de Agricultura se había negado inicialmente. Esta decisión de la Administración, que cuenta con fondos de contingencia, ha sido calificada por analistas como una «elección política» para presionar a sus oponentes en el Congreso.
A la paralización de la asistencia social se añade la creciente preocupación por el tráfico aéreo. El cierre mantiene a 730.000 empleados federales esenciales, incluidos los controladores aéreos, trabajando sin cobrar. La escasez de personal ya provocó retrasos significativos en los aeropuertos más concurridos del país, una situación que, en el cierre de 2018-2019, fue lo que finalmente forzó un acuerdo legislativo para reabrir el Gobierno.
El cierre trascendió la pugna presupuestaria del Capitolio para convertirse en una crisis humanitaria y de infraestructura, el estancamiento político cortó la asistencia básica a millones, encarecido la sanidad a la población más vulnerable y poniendo en riesgo la seguridad aérea. De momento, el cierre solo ha probado el profundo costo social que tiene el enroque de las élites en Washington.
