El Gobierno británico aprobó un contrato de venta de armas a Arabia Saudí valorado en 283 millones de libras esterlinas, seis meses después de que un bombardeo aéreo de Riad matara a 140 personas en un funeral en Saná (capital de Yemen), uno de los ataques más sangrientos en la campaña de agresión saudí a su vecino sureño que ya lleva más de dos años.
Un monitor de sanciones de las Naciones Unidas dijo al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) que el ataque aéreo, perpetrado el 8 de octubre pasado y dirigido tanto a los dolientes como a los que ayudaron a las víctimas tras el bombardeo, violó el derecho internacional.
A pesar de ello, un mes después, el secretario de Relaciones Exteriores británico, Boris Johnson, aconsejó al ministro de Comercio, Liam Fox, que concediera cuatro solicitudes de licencia de exportación para suministrar a la Real Fuerza Aérea de Arabia Saudí equipos militares que podrían utilizarse en Yemen, según reveló el sábado el diario británico The Guardian.
Cifras recopiladas por la Campaña Contra el Comercio de Armas (CAAT, por sus siglas en inglés) muestran que desde el fatal ataque de Saná hasta finales de marzo de 2017, el Gobierno del Reino Unido autorizó exportaciones que incluían 283 millones de libras de componentes de aviones de combate y 4 millones de libras por bombas y misiles al país árabe.
Estos números excluyen el equipo de cañones de aeronaves, software de destino, componentes de aviones y rifles de asalto exportados bajo 24 licencias abiertas, que se consideran menos transparentes aún.
«Las ventas no fueron sólo una cuestión moral, sino que también constituyen una clara violación de los criterios de exportación de armas del Reino Unido», ha asegurado este lunes Andrew Smith, un portavoz de CAAT al diario local The Independent.
El activista argumenta que el bombardeo funeral debería haber sido un momento en que el Gobierno británico «se detuviese a reflexionar sobre su peligrosa política» de armar a Arabia Saudí. «Durante décadas el Reino Unido ha puesto las ventas de armas por delante de los derechos del pueblo saudí y ahora los está poniendo por delante de los derechos del pueblo yemení», lamenta.
Desde hace tiempo que activistas y políticos intentan frenar estas ventas, a las que además se oponen la mayoría de británicos.
Emily Thornberry, secretaria de Relaciones Exteriores del Partido Laborista (PL), insiste en que el Gobierno tiene «la obligación legal y moral» de garantizar que no sean cómplices de crímenes de guerra y que en cambio, simplemente prefieren hacer la vista gorda mientras «el pueblo de Yemen continúa sufriendo».
