F.J. Ferrer (UyL).— Si con anterioridad ya hemos venido caracterizando a la Unión Europea como una superestructura que unifica y desarrolla los intereses comunes de las burguesías nacionales del viejo continente, en estos momentos, sometidas todas al mandato de los EE. UU., no debe causarnos extrañeza que sus líneas políticas vayan definidas por su composición de clase, esto es, burguesas.
¿Y en qué afectan estas líneas políticas a los intereses de la clase obrera? La respuesta es: en todo y, por lo general, de forma negativa.
En el plano laboral, los criterios sobre el empleo que emanan desde Bruselas son la flexibilidad y la liberalización en el mercado de trabajo, que no es otra cosa que la estrategia que sigue la patronal para hacer frente a la crisis que su mismo sistema provoca. La imposición de estos métodos tienen consecuencias negativas comprobadas para la clase obrera, como el aumento de la precarización, abaratamiento o supresión de los costes por despidos, bajada de los salarios reales y más desempleo.
Conjuntamente con la batería de medidas que la patronal, a través de sus gobiernos de turno, implanta para tratar de equilibrar el descenso de su tasa de ganancias, el recurso al apoyo financiero de la UE se le hace necesario para sufragar las pérdidas de beneficios. Este aporte de fondos desde la UE a las empresas supone un trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, donde los únicos beneficiados son los capitalistas, dejando a la clase obrera más mermada de recursos económicos, ya sean provenientes de salarios directos o de salarios diferidos, con la consecuencia de un incremento de la pauperización de amplios sectores de la clase obrera y sectores populares.
Además, se ha de tener en cuenta que, para el caso del estado español, la apuesta que hace la patronal por desarrollar aquellos sectores económicos que ella considera esenciales, turismo y servicios, conlleva la correspondiente destrucción o descolocación de todo su tejido industrial o agroalimentario aumentando la precarización laboral y la disminución de los salarios.
Los sistemas públicos, son los más castigados por las políticas restrictivas de la UE. Por un lado, la contención del gasto conlleva recortes a todas la políticas sociales: aumento de la edad de jubilación y aumento de la exigencia de años cotizados para su acceso, destrucción del sistema público-sanitario, recortes en enseñanza, ausencia de políticas en el acceso a viviendas sociales, etc. . Esto, unido al interés privatizador de estos sistemas públicos, hace que los salarios diferidos a los que tiene derecho la clase obrera se vean disminuidos y, a la larga, desaparezcan. Como ejemplo sirva la situación de más de un millón de jubilados en Alemania, motor de la economía europea, que no pueden dejar de trabajar y que en su inmensa mayoría, más de ochocientos mil pensionistas, realizan trabajos, los llamados “minijobs”, que precarizan la mano de obra. Estos “minijobs” son trabajos a media jornada o menos por los que los jubilados en activo pueden tener un salario máximo de 520 euros por trabajar hasta 43,5 horas al mes. Gran parte se circunscribe al sector de la hostelería, donde contribuyen a la precarización de los salarios de las y los más jóvenes, pues, al ser un complemento para la jubilación, estos trabajos por tiempo parcial no cotizan a la Seguridad Social y tienen algunas bonificaciones para la patronal.
En el actual contexto de crisis estructural del sistema, todo este escenario se agrava por la política belicista de la UE que, subordinada a los intereses del imperialismo norteamericano, se encuentra embarcada en una guerra de la OTAN contra Rusia y que puede verse involucrada en otro escenario bélico en el Oriente Próximo.
Ante esto, las medidas que la clase obrera necesita para hacer frente a su situación, como la nacionalización de los sectores estratégicos, grandes empresas y de la banca, colocándolas bajo control obrero; sanidad y educación universal, gratuita y de calidad, solo pueden conseguirse mediante la salida inmediata de la UE, del euro y de la OTAN. La recuperación de la soberanía agroalimentaria, la reforma integral agraria, etc., no van a venir desde las instituciones de la burguesía, por muy democráticas y “progres” que, en apariencia, parezcan. Estas medidas solo las puede afrontar la clase obrera desde una perspectiva revolucionaria que la coloque en la vía de tomar el poder y comenzar la construcción del único sistema viable para ella y el resto de la población: el socialismo-comunismo.
