Raúl Antonio Capote (Granma).— A contrapelo de la opinión pública internacional, incluso de las voces que dentro de Estados Unidos repudian la injusta inclusión de Cuba en la ilegítima lista de países patrocinadores del terrorismo, Washington, en su informe anual de 2022 sobre el tema, insiste en sus afirmaciones de que la Isla no colabora en la lucha contra ese flagelo.
Los objetivos son más que claros, al ratificar las acusaciones contra Cuba, e insistir, con falsos argumentos, en una mentira que no se sostiene.
El pliego difundido por el Departamento de Estado, aunque no constituye «un nuevo anuncio respecto a tales designaciones», tiene un alto costo. Las principales consecuencias se derivan de aumentar el mayor riesgo asociado a cualquier tipo de negocio, inversión y comercio que implique a la Isla, y perjudicar seriamente el flujo internacional de las finanzas cubanas.
Lo que buscan es apagar nuestros hogares, sembrar el desaliento, castigar la dignidad y el culto irrenunciable de los cubanos a la soberanía y la independencia nacional.
Constituye, además, una bofetada a los países, a los millones de personas que en el mundo consideran incuestionable el compromiso de Cuba en la lucha contra el terrorismo.
La Mayor de las Antillas fue incorporada en esa lista en junio de 2020, lo que sirvió de base para que, en enero de 2021, fuera incluida en otra de las arbitrarias nóminas: la de Estados patrocinadores del terrorismo.
Cuba ha sido víctima, jamás victimaria; víctima de quienes se atribuyen el derecho de juzgar y castigar a los demás, cuando en verdad son los máximos responsables de esa política en el mundo.
