Mediante un comunicado, la entidad subrayó que “este incidente no es aislado, sino un ataque sistemático contra el periodismo libre y la democracia” en el país, mientras –acotó- pone en peligro sus actividades.
Detalló que fueron sustraídos expedientes solicitados, en un plazo de 48 horas, por una Sala jurisdiccional, lo cual sugiere una intención deliberada para obstaculizar y desprestigiar su labor.
Entre los documentos robados se encontraba información que forma parte del trabajo esencial de la APG para proteger la libertad de prensa y la libre emisión del pensamiento, amplió.
También, agregó en el texto, para defender la institucionalidad de la asociación, un hecho vandálico que, además de constituir un delito, es una amenaza directa contra el derecho constitucional de informar y ser informados.
La APG pidió al ministro de Gobernación y al Director de la Policía Nacional Civil una investigación exhaustiva para dar con los responsables materiales e intelectuales del robo.
En los últimos meses, describió, han sido evidentes las acciones destinadas a desacreditar la labor institucional, y –remarcó- que no descansará hasta que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Exigió al Procurador de los Derechos Humanos condenar públicamente el atentado y enviar una delegación especializada para investigar y emitir un pronunciamiento firme sobre estos ataques que buscan descalificar al gremio periodístico.
“No toleraremos amenazas ni intimidaciones de ningún tipo, ni de personas ni de autoridades, por lo que este hecho constituye una grave violación al Artículo 35 constitucional y representa una afrenta contra el Estado de Derecho en el país”, aseveró la APG.
Llamó a la comunidad internacional, a las organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa, al relator de prensa de la Organización de Naciones Unidas, entre otras, a condenar el hecho.
Reafirmó su compromiso inquebrantable de velar por el respeto a la libre emisión del pensamiento y aseguró que seguirá trabajando incansablemente para proteger la libertad de expresión en Guatemala.
