Laura Mercedes Giráldez (Granma).— Se precia el presidente Nicolás Maduro de cumplir con la palabra comprometida ante su pueblo, y lo confirmó, recientemente, cuando presentó ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Reforma Constitucional que contiene alrededor de 80 artículos, en los cuales se exalta el poder popular.
Recordemos que en su última campaña, antes de los comicios del 28 de julio, se comprometió a «convocar a un proceso popular constituyente para rehacer a Venezuela a través de una reforma incluyente, democrática, convocante, nacional, que permita un gran consenso de avance hacia el futuro». Luego, en su juramentación, el 10 de enero, hizo énfasis en esa propuesta.
El proyecto presentado por el mandatario se perfila como una transformación del modelo de desarrollo nacional, aparejado a la democratización de la vida política y social, pues centra su atención en el poder de las comunas. Para ello, Maduro llamó a partir de las experiencias de las cerca de 90 000 asambleas populares por medio de las cuales se elaboró el Plan de las 7t (transformaciones), que terminó siendo el Programa de Gobierno para el periodo 2025-2031.
«Estamos listos para abrir las compuertas de un gran y edificador debate nacional, y que sean la sociedad venezolana y nuestro pueblo protagonistas de una gran reforma histórica que adapte la Constitución de 1999 a los nuevos tiempos», expresó el líder ante el Parlamento.
El proyecto presentado contiene cuatro temas esenciales sobre los cuales se trabajará: La ampliación y el perfeccionamiento de la democracia participativa y protagónica y de la democracia directa, que incorpore a los poderes Comunal, Social y Popular.
Un segundo aspecto se encamina hacia la construcción de una nueva sociedad, más humana y bolivariana. Por otra parte, declaró como tercer punto, la edificación de un nuevo modelo económico diversificado, no dependiente y autosuficiente. Además, se refirió a la actualización de la Constitución en los términos jurídico, constitucional y político.
También el Jefe de Estado hizo hincapié en la amenaza real que constituye hoy el fascismo, tanto para el país como para el resto del mundo. De manera que manifestó lo imperativo de incluir, en la Carta Magna, una prohibición contra cualquier forma de fascismo y racismo.
Con esos objetivos, conformó una comisión nacional que, presidida por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, será la encargada de consultar, elaborar el proyecto constituyente y presentarlo al pueblo, para lo cual estableció un plazo de 90 días.
«Creo que es el momento para unir a todo el que pueda ser unido en función de la paz, la estabilidad, la democracia, la participación, la estabilidad política, el progreso económico de un modelo propio», sentenció.
