En un informe publicado el pasado julio se destaca el dato de que el Estado español ha recuperado la delantera en cuanto a encarcelamiento en la Europa occidental con un ratio de 117 presos por cada 100.000 habitantes. Esto refleja que vivimos en un Estado que cada vez tiene mayor porcentaje de presos que, paradójicamente, es uno de los que menor criminalidad grave tiene de la zona. Sin embargo países de nuestro entorno tienen unos porcentajes de encarcelamiento bastante más bajos, por ejemplo Alemania tiene un ratio de 71 presos por 100.000 habitantes e Italia 103.
Desde la ley de amnistía del 77, tras la cual quedaron 8.440 presos en las cárceles españolas, la población reclusa en el Estado español no ha dejado de aumentar, llegando a tocar techo en 2009 con 76.079 presos, casi 10 veces más. Un factor clave en este crecimiento es el alargamiento de las condenas impulsado por diferentes reformas legislativas que se han sucedido a lo largo de este periodo. Este es el factor principal del aumento en el número de presos, el endurecimiento de las penas que han pasado de una media de estancia en prisión de 9,7 meses en 1996 a 19,3 en la actualidad.
Los aumentos en las penas se han utilizado siempre que el Estado se ha visto con un problema o crisis. La solución fácil que ha encontrado el Estado para que parezca que se busca una solución, mientras que solo se aumenta la represión a la clase obrera, es reformar el Código Penal con penas más duras o creando nuevos tipos delictivos. Según el catedrático José Luis Díez:
El código penal se ha convertido en un formidable instrumento de propaganda, con el que se encubren políticas defectuosas de cualquier signo mediante una desmedida explotación de emociones colectivas.
