Las manifestaciones de los transportistas contra la decisión del gobierno de Daniel Noboa de retirar del subsidio al diésel, continuaron este miércoles en varios puntos del país. Activistas del gremio planifican nuevas acciones para el jueves 18 de septiembre, incluido el bloqueo de carreteras.
De acuerdo con la prensa local, los sectores sociales más afectados interrumpieron algunas vías de interés en esa nación suramericana, desafiando el estado de excepción decretado por el mandatario en siete provincias por “por grave conmoción interna”.
Los bloqueos de carreteras sucedieron en los territorios de Carchi y Pichincha, según el reporte del Sistema Integrado de Seguridad del país.
Para reabrir el paso, la Policía reprimió a los manifestantes, tal como ha sucedido desde el inicio de las protestas, el pasado 12 de septiembre.
Según la publicación de la Policía Nacional en la red social X, el despliegue buscaba garantizar la “movilidad segura para todos los ciudadanos”.
Sin embargo, las acciones de las fuerzas de seguridad están marcadas por la violencia. El martes, utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y despejar la vía E35, una vía primaria que atraviesa varias provincias.
Los transportistas respondieron lanzando piedras, utilizando montículos de tierra y escombros acumulados en la carretera como barricadas improvisadas.
La medida gubernamental firmada por el presidente Daniel Noboa, establece un aumento progresivo del precio del diésel, que pasará de 1,80 a 2,80 dólares por galón. El Gobierno argumenta que los fondos destinados anteriormente al subsidio (cerca de 1.100 millones de dólares anuales) serán redirigidos a sectores sociales y políticas de seguridad.
Aunque las autoridades lograron acuerdos con sectores del gremio de transportistas en algunas provincias, otras agrupaciones se mantienen movilizadas. Parte de los compromisos firmados incluyen mejorar la seguridad vial mediante áreas de descanso para conductores profesionales y liberar a personas detenidas durante las protestas.
Representantes del sector exigen mecanismos de compensación para las familias de transportistas víctimas de violencia durante el ejercicio de sus funciones. También se han conformado mesas técnicas con agencias estatales para supervisar la implementación de los compromisos.
El decreto gubernamental rechazado prevé un sistema de compensaciones económicas para el transporte, válido por ocho meses y renovable por cuatro más. Sin embargo, los manifestantes han cuestionado la duración y alcance de estas medidas transitorias, alegando que no compensan adecuadamente el impacto del alza en el precio del combustible.
