“No es un acto aislado, es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país”, señaló la organización en un comunicado.
La denuncia tiene lugar un día después que el titular de la Conaie, Marlon Vargas, anunció el llamado a un paro nacional indefinido para exigir la derogación del decreto con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel.
Para el movimiento indígena, el bloqueo de las cuentas es interpretado como una acción de intimidación y presión contra quienes ejercen el derecho constitucional a la protesta, y aseguran que forma parte de una estrategia para criminalizar el paro y debilitar las demandas de los ciudadanos.
Más temprano este viernes, el mandatario instó a los dirigentes sociales a que “se pongan a trabajar y dejen de molestar”
En comunicado, el Ejecutivo advirtió que sancionará a quienes incurran en “terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada”, en medio de la tensión social por el fin de la subvención, que provocó un alza del precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
A su vez, la Fiscalía se pronunció y dijo que actuaría con firmeza en caso de posibles delitos durante las protestas.
Además, Noboa amplió un estado de excepción en siete provincias del país e impuso un toque de queda en Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo.
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), una de las entidades adscritas a la Conaie, hizo un llamado a tomar el domingo la ciudad de Latacunga, capital de la provincia andina de Cotopaxi, a donde Noboa trasladó la sede del Ejecutivo de manera temporal.
Los indígenas fueron los protagonistas de las históricas movilizaciones ocurridas en 2019 y 2022 contra políticas neoliberales de los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023), quienes se vieron obligados a dar marcha atrás en un intento de eliminar subsidios a los combustibles.
