Miles de manifestantes se concentraron este jueves frente al Congreso de la Nación para reclamar que se ratifiquen las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, ambas vetadas por el mandatario argentino Javier Milei.
Bajo la consigna “El Garrahan y la Universidad no se vetan”, trabajadores de la salud, docentes, estudiantes, sindicatos, agrupaciones políticas y movimientos sociales marcharon en defensa de estas iniciativas que consideran vitales para el país.
Personal del Hospital Garrahan y familias que acompañan su lucha realizaron una caminata desde el centro de salud hasta el Congreso, en el marco de un nuevo paro por mejoras salariales. La protesta también visibilizó el malestar por los descuentos aplicados a quienes participaron en medidas de fuerza previas, en medio de un conflicto gremial que ya se extiende por meses.
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), junto a trabajadores nucleados en ATE y colectivos autoconvocados, exigieron que, luego del rechazo al veto, se garantice la aplicación “inmediata, efectiva y real” de ambas normas.
Asimismo, recordaron antecedentes preocupantes, como la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo veto fue rechazado por el Congreso pero luego el Ejecutivo demoró su promulgación y suspendió su implementación, algo que especialistas calificaron como inconstitucional.
En simultáneo a la protesta, el Senado inició este jueves el debate para tratar el rechazo del veto presidencial. Tras la votación en Diputados, la oposición busca reunir los dos tercios de los votos necesarios para desactivar las objeciones del Poder Ejecutivo y dejar en firme las leyes en cuestión.
Milei, en recientes declaraciones, aseguró que su Gobierno incrementó el presupuesto para el Hospital Garrahan y que los salarios tuvieron un aumento del 250 por ciento.
Sin embargo, desde la APyT desmintieron al mandatario y calificaron sus dichos de “mentiras aberrantes”. “No hubo aumento de partidas presupuestarias para salarios desde que él asumió. Perdimos un 70% de poder adquisitivo, por eso renunciaron más de 250 profesionales”, señalaron.
La comunidad educativa y sanitaria advierte que el rechazo al veto es un paso clave para frenar lo que consideran un “ajuste brutal” en sectores esenciales.
