Pacientes y familiares en Ecuador realizaron múltiples denuncias sobre la normalización de listas de espera interminables, cirugías postergadas por años y una alarmante falta de atención oportuna en los hospitales públicos del país.
La legisladora Eliana Correa alertó que diversos centros asistenciales operan con niveles de abastecimiento de medicamentos e insumos por debajo del 50 por ciento, situación que se suma a deudas salariales de hasta dos años con los trabajadores del sector.
A pesar del recorte presupuestario acumulado se suma una ejecución presupuestaria deficiente que apenas alcanzó el 45 por ciento en el último año, lo que evidencia el abandono estatal de la salud pública.
Reyes denunció que en los hospitales de las grandes ciudades se interrumpe incluso el servicio de alimentación, obligando al personal médico y paramédico a costear la comida de los pacientes con sus propios recursos.
Pese a que el Ejecutivo encargó la gestión de esta crisis a la presidenta encargada María Cristina, el analista señaló que la situación no cambió tras el paso de varios ministros, describiendo el cargo como una guillotina política donde se prioriza la propaganda con la entrega de insumos básicos mientras el sistema público de salud colapsa definitivamente.
En ese sentido también la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional, liderada por Viviana Veloz, presentará este enero de 2026 un informe técnico que revela la muerte de 12 neonatos en el Hospital Universitario de Guayaquil, sumado a 27 fallecimientos en el Hospital Monte Sinaí y 130 en Sucumbíos desde 2020.
La investigación realizó el hallazgo de pruebas sobre alertas ignoradas ante la bacteria KPC y una grave falta de insumos básicos, lo que señala una responsabilidad estatal directa del ministro Jimmy Martin y del presidente Daniel Noboa. El documento detalla que estos decesos no son hechos aislados, sino el resultado de una gestión que prioriza el recorte presupuestario, dejando además al Hospital Baca Ortiz con la mitad de sus máquinas de diálisis inoperativas y servicios de emergencia colapsados con una enfermera para 40 pacientes.
La fiscalización del caso enfrenta serios obstáculos dentro del Legislativo, donde sectores oficialistas en la Comisión de Salud son señalados de trabar el expediente para obstruir la justicia y proteger la narrativa gubernamental. Pese a estos intentos de bloqueo e inconsistencias detectadas en los registros oficiales, la Comisión de la Niñez reafirma que el informe será el primer paso para determinar responsabilidades penales ante la fiscalía por la incapacidad de garantizar estándares mínimos de bioseguridad.
El deterioro sistémico de la red hospitalaria ecuatoriana, que obliga a pacientes renales a costear sus propios insumos, confirma las consecuencias devastadoras de las políticas neoliberales que desfinancian lo público y vulneran el derecho fundamental a la vida de los sectores más desprotegidos.
