En declaraciones este viernes a la prensa local, el funcionario admitió que los centros de privación de la libertad “no sirven”, están en mal estado y no son seguros.
Sus afirmaciones se produjeron luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresara su preocupación por las condiciones carcelarias.
Reimberg atribuyó la situación a años de abandono institucional y defendió la gestión del actual Gobierno, a pesar de los cuestionamientos por los abusos en el contexto de la militarización de los centros de privación de libertad y las muertes por tuberculosis y desnutrición.
En ese contexto, el Ejecutivo autorizó, en cumplimiento de una sentencia judicial, una visita de la Defensoría del Pueblo el próximo 29 de enero a la Penitenciaría del Litoral, la mayor prisión del país, donde han muerto en lo que va de año 120 reclusos por la crisis sanitaria, según grupos de familiares.
“Si ellos quieren asistir, que vayan. Yo no tengo ningún problema en que ellos quieran visitar la cárcel”, dijo Reimberg, pese a que en noviembre de 2025 cuestionó inspecciones similares en prisiones de máxima seguridad.
Ante la alerta por tuberculosis, el ministro aseguró que se coordinan acciones con el Ministerio de Salud Pública, como el aislamiento de personas contagiadas y la entrega de medicamentos y suplementos alimenticios.
No obstante, el funcionario no precisó cifras oficiales de contagios ni de fallecidos, en un contexto marcado por la falta de información pública del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y del propio Ministerio de Salud.
Como respuesta, Reimberg reiteró que el Gobierno prevé iniciar entre marzo y abril la construcción de un nuevo centro penitenciario en la provincia de Santa Elena, con capacidad para hasta 15 mil internos.
