El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos, vinculado a la difusión de correos electrónicos relativos a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La imputación del fiscal general y el apoyo del Gobierno han provocado una fuerte polémica nacional sobre la independencia del sistema judicial y la influencia política sobre el Ministerio Público. Este caso pone de relieve la fragilidad del diseño constitucional español respecto a la separación real de poderes. Esta configuración hace que la separación de poderes sea más formal que real. Es decir, existe una separación de funciones, pero con significativo influjo mutuo, particularmente desde el Gobierno, lo que ha suscitado críticas sobre la independencia judicial. Además, el Consejo General del Poder Judicial es nombrado por designación política en las Cortes Generales, lo que implica una conexión clara entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La separación de poderes es uno de los pilares fundamentales del autodenominado Estado de Derecho y de cualquier democracia burguesa consolidada. Sin embargo, en el caso del estado español, esta separación se ha mostrado más como una aspiración teórica que como una realidad práctica. Desde la supuesta Transición hasta hoy, los distintos poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— han demostrado una interdependencia que pone claramente en entredicho la separación de poderes. En teoría, el Parlamento debería ejercer control sobre el Gobierno. En la práctica, sin embargo, las mayorías parlamentarias son una mera extensión del poder ejecutivo. Los diputados votan generalmente siguiendo las directrices del partido, sin independencia real ni margen para la disidencia. Esto convierte al Congreso en una cámara de resonancia del Gobierno, anulando su función de fiscalización.
El sistema de listas cerradas y bloqueadas refuerza este fenómeno: los diputados no responden ante los ciudadanos, sino ante las cúpulas de sus partidos. De este modo, el Ejecutivo controla de facto al Legislativo, consolidando un poder vertical y disciplinado que diluye el principio de separación de poderes. El caso más alarmante es el del Poder Judicial. Aunque la Constitución del estado español proclama su independencia (art. 117), la realidad demuestra lo contrario. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, es elegido en su mayoría por el Parlamento, lo que lo politiza profundamente. Los partidos pactan entre sí los nombramientos de los vocales en función de cuotas ideológicas, lo que socava la credibilidad del órgano y, por extensión, del conjunto de la justicia.
Además, el Tribunal Constitucional, pese a su papel clave como garante de la legalidad, también sufre este proceso de colonización partidista. La falta de separación de poderes en el estado español no es un simple defecto técnico, tiene consecuencias profundas para el propio sistema político. Sin un poder judicial independiente, no hay garantías reales para los derechos fundamentales que la Constitución proclama para la clase obrera, no así para los intereses de la burguesía y los explotadores. Sin un Parlamento autónomo, no hay verdadero control del poder. Y sin órganos reguladores ajenos al juego partidista, no hay instituciones creíbles ni eficaces.
Lo que se consolida, entonces, es una partitocracia: un sistema en el que los partidos mayoritarios colonizan todas las instituciones del Estado, eliminando los contrapesos necesarios para evitar abusos. La separación de poderes en España es, en muchos aspectos, una ficción constitucional. La subordinación del Legislativo al Ejecutivo, y la captura del Judicial por intereses políticos, comprometen seriamente el equilibrio institucional y la calidad democrática de la democracia burguesa.
En el estado español gobierna la dictadura del capital que es perpetuada a costa de estos “defectos de forma”. En su Artículo 38 dice “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad”, blindando el sistema capitalista. También en su Artículo 1, en su título preliminar dice, entre otras lindezas, “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria” y “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, blindando un régimen hereditario iniciado por el dictador Franco y negando así el derecho de las naciones oprimidas a la autodeterminación.
Desde el PCOE tenemos claro que, ante esto, la única salida es revolucionaria como ya expusimos en nuestro último Congreso. La dictadura del capital ha de ser derrocada por la dictadura del proletariado. El proletariado organizado y guiado por la vanguardia revolucionaria organizada, el partido comunista, derrocará este régimen que no es más que la continuación del que llevó a cabo el golpe de estado el 18 de julio de 1936 con un toque cosmético que no consigue para nada maquillar ya su forma interesada y partidista. El PCOE te llama a unirte a la revolución social militando en sus filas para defender, frente a la agresión, nuestros intereses de clase.
¡Por la demolición de los estamentos burgueses!
¡Por el triunfo de la clase obrera!
¡La única salida es revolucionaria!
COMISIÓN DE AGITACIÓN Y PROPAGANDA DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA OBRERO ESPAÑOL (P.C.O.E.)
