El documento advierte que la concentración permanece extrema, ya que el 10 por ciento más rico capta el 34,2 por ciento del ingreso total, mientras que la décima parte más pobre solo alcanza el 1,7.
El secretario ejecutivo del organismo de la ONU, José Manuel Salazar-Xirinachs, señaló que los países del área sufren de una baja capacidad para crecer, presentan escasa movilidad social y alta desigualdad, así como gobernanza poco efectiva.
La presente edición, precisó el funcionario, está enfocada en cómo salir de las elevadas inequidades y la baja movilidad y cohesión social, a la cual calificó como una característica histórica y estructural en estos países.
Expresó que esta situación resulta inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos y la justicia, e ineficiente bajo la perspectiva económica.
Para el análisis, el informe está dividido en cuatro capítulos que abarcan los últimos datos sobre inequidad de ingresos y pobreza; educación y mercado laboral; desigualdad de género y discriminación, así como la institucionalidad social y el papel del gasto social.
Con el propósito de graficar la situación, Salazar-Xirinachs mencionó que hay una lenta tendencia a la reducción de ciertos indicadores en los últimos años.
El coeficiente de Gini, que mide la diferencia de ingresos en una población, bajó discretamente de 0,456 a 0,452; también cayeron la pobreza monetaria y la multidimensional, influidas por ciertos avances en materia de vivienda y servicios.
Sin embargo, la brecha de género no ha variado, pues por cada 100 hombres con privaciones multidimensionales, hay 122 mujeres en la misma situación y este indicador permanece igual desde 2014.
También es preocupante lo que ocurre con otros grupos vulnerables, como los pueblos indígenas y los migrantes, en particular quienes viven en situación irregular.
En su informe, la Cepal propone cinco estrategias: reducir la desigualdad educativa, crear empleos de calidad y avanzar en la igualdad de género en la sociedad de cuidado.
Además, sugiere enfrentar la discriminación y el irrespeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, pueblos indígenas y personas migrantes, así como fortalecer la institucionalidad social y su financiamiento.
El secretario ejecutivo del organismo recordó que estos son problemas muy complejos y requieren un enfoque integral para darles las respuestas adecuadas.
