Tatiana Delgado (Unidad y Lucha).— Este problema sistémico y gravísimo, la pederastia, es la excusa principal que ha impulsado los proyectos de “seguridad” de la Unión Europea, oficialmente una “respuesta técnica” al terrorismo, crimen organizado, desinformación, inseguridad digital o conflictos geopolíticos. Problemas todos creados por el propio sistema y nos preguntamos qué intereses de clase protege realmente esta arquitectura de seguridad y su coste social.
El instrumento SAFE (Security Action for Europe), aprobado en 2025, moviliza hasta 150.000 millones de euros en préstamos públicos para reforzar capacidades de defensa, seguridad industrial y tecnologías estratégicas, lo que contrasta con el estancamiento o retroceso del gasto social en muchos países de la UE. No es una anomalía, sino una prioridad de clase: cuando el consenso social se erosiona y las condiciones materiales de las mayorías se precariza, el capital exige seguridad y control.
Bajo el argumento de combatir delitos graves, se ha llegado a plantear el escaneo sistemático de mensajes privados de cientos de millones de personas. Incluso cuando estas medidas se “rebajan” tras la protesta social, la infraestructura técnica y legal queda casi intacta. Estas iniciativas que amplían la vigilancia digital y el control de las comunicaciones revelan que bajo el discurso de la protección —especialmente de la infancia o de la seguridad colectiva— se legitima la creación de infraestructuras permanentes de supervisión, capaces de ser reorientadas según las necesidades políticas del momento, en el contexto de crisis estructural del capitalismo europeo, a medida que el consenso social se debilita, el aparato estatal refuerza su dimensión coercitiva y preventiva.
La UE y sus Estados miembros ya gastan más de 200.000 millones de euros anuales en defensa, con un mayor crecimiento desde 2022. Además, la industria de la seguridad —militar, tecnológica y digital (software de análisis de datos, reconocimiento biométrico, ciberseguridad y monitorización de comunicaciones)— mueve decenas de miles de millones de euros al año, concentrados en grandes empresas tecnológicas y contratistas de defensa, un sector rentable de acumulación capitalista, sostenido con fondos públicos y legitimado por el miedo.
Desde esta óptica, el discurso de la seguridad universal oculta una realidad profundamente desigual: mientras la oligarquía cuenta con privacidad real, blindaje jurídico y poder político, las clases populares enfrentan un creciente control, criminalización preventiva y reducción efectiva de derechos, la seguridad, aquí, es un instrumento de dominación de clase.
Este control es especialmente dirigido a la personas migrantes y sectores racializados, con control biométrico y detención y expulsión inmediatas, tanto dentro como fuera con las fronteras ya militarizadas; la UE invierte más en control de fronteras que en políticas de acogida o integración.
Frente a la pérdida de legitimidad institucional, aumento de la desigualdad y tensiones geopolíticas, los proyectos de seguridad de la UE son la articulación de un aparato militarizado que gestione la crisis del capitalismo europeo, protegiendo la acumulación de capital y sustituyendo derechos por control y vigilancia, mientras la verdadera inseguridad que atraviesa la clase trabajadora y los sectores populares es material: empleo precario, vivienda inaccesible, bajos salarios, servicios públicos debilitados, violencia de género y contra la infancia y un futuro cada vez más incierto.
