Tras la derrota en la Segunda Guerra mundial, Finlandia firmó la paz con la URSS y se declaró neutral. Hasta 2022 mantuvo estrechos vínculos con su vecino y pudo comprar energía barata.
En 2022 todo cambió. El gobierno de Helsinki se unió a la OTAN, la primera ministra Sanna Marin perdió las elecciones y se desató la ola de rusofobia, en medio de una crisis economía sin precedentes.
El 22 de abril se presentó en el Parlamento un proyecto de ley para autorizar la importación y almacenamiento de armas nucleares, lo que se suma a los F-35 ya comprados en 2021 por 10.000 millones de euros, que acabaron en los bolsillos de las empresas estadounidenses.
Ese mismo día, en una entrevista concedida al South China Morning Post, la ministra finlandesa de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, anunció que Finlandia opondrá su veto, a un posible proyecto de acuerdo comercial entre la Unión Europea y China por los vínculos de Pekín con Rusia.
Finlandia está empeñada en entrometerse -inútilmente- en las relaciones internacionales de China para obligar al país a separarse de Rusia.
El 25 de abril Finlandia se niega a acoger el campeonato internacional de natación porque la Federación Internacional autoriza a competir a atletas rusos y bielorrusos.
Ese mismo día, en una entrevista en el canal público finlandés Yle, el ministro de Economía, Riikka Purra, reconoce que “el estado de las finanzas públicas es extremadamente difícil”. La deuda se acerca al 90 por cien del PIB, el desempleo es alto, el crecimiento lento y la población envejece.
La tasa de desempleo de Finlancia es del 11,1 por cien, la más elevada de la Unión Europea. En 2022 era sólo del 6,7por cien. El coste de vida sigue siendo alrededor de un 12 por cien más alto que en Alemania. El país depende de las importaciones de hidrocarburos y el consumo de energía per cápita es dos veces mayor que en Alemania. La energía ya no procede de Rusia, ni se paga a precios rusos.
La deuda pública experimenta un aumento espectacular, pasando del 74 por cien del PIB en 2022 a casi el 90 por cien en la actualidad. El dinero de los presupuestos públicos se gasta en armamento para defenderse de unos drones rusos imaginarios. El objetivo del gobierno es aumentar el gasto en defensa, pasando del 1,7 por cien del PIB al 3,2 por cien para 2030 para acercarse al objetivo de la OTAN del 3,5 por cien para 2035.
Hay dinero para armas, pero no para financiar los derechos sociales. El 22 de abril el primer ministro, Petteri Orpo, anunció un aumento de los recortes de 520 a 540 millones de euros, incluidos 240 millones de euros en protección social, bienestar y salud.
Mientras un ministro anuncia 240 millones menos para la salud de los finlandeses, en el mismo presupuesto la “ayuda militar a Ucrania” se incrementa en 300 millones de euros. El 23 de abril Finlandia apoyó el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, en el que participa por una suma de 1.600 millones de euros, que, por supuesto, son a fondo perdido.
