Con la legislatura conclusa, el Gobierno deja el polvorín de la Guardia Civil a rebosar de botes de gas lacrimógeno. El pasado 11 de diciembre quedó formalizada la adquisición de 54.000 unidades de este material antidisturbios a la empresa Falken por valor de 1,3 millones de euros. Falken, habitual suministrador del Ministerio del Interior, es la empresa de la familia de Ismael Bardisa Jordá, exdiputado del Partido Popular y candidato que cerraba la lista con la que Cristina Cifuentes concurrió a las últimas elecciones autonómicas.
El gas lacrimógeno es un material antidisturbios que no se utiliza desde 2003, con motivo de las protestas contra la guerra de Irak. El dato fue ofrecido por el Ministerio del Interior cuando desmintió que botes de ese tipo hubieran sido utilizados en los altercados de marzo de 2014, al término de las Marchas de la Dignidad.
A pesar de la afirmación, este Gobierno adquirió en 2013 una partida de 36.050 botes para ese año y los dos siguientes con destino a la Guardia Civil. Solo la caducidad de los botes de gas lacrimógeno ha podido, por tanto, vaciar las reservas de las unidades a las que va destinado. Sin embargo, en el pliego de condiciones del concurso, la Subidrección General de Apoyo de la Guardia Civil asegura que los botes se hacen inútiles a los cinco años.
La adjudicación a Falken fue publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A los 1,3 millones para botes de gas lacrimógeno hay que sumar otros 508.200 euros para 21.000 “artificios fumígenos” o botes de humo. En total, 1.815.000 euros de contrato de despedida de la legislatura para la empresa de los Bardisa Jordá. El anuncio de licitación tiene fecha de 1 de agosto y el de formalización del contrato es del 11 de diciembre, nueve días antes de las elecciones generales.
Los 18.000 botes de gas lacrimógeno de los que dispondrá la Guardia Civil cada ejercicio, hasta 2018, empequeñecen la compra de 2.000 unidades que Interior viene adquiriendo cada año para la Policía Nacional. Cabe señalar que las principales manifestaciones con disturbios se desarrollan tradicionalmente en las grandes ciudades, donde la competencia es de la Policía, a excepción de las urbes de Cataluña y Euskadi. La UIP, los antidisturbios de la Policía Nacional, tampoco usa el gas lacrimógeno.
Incluso para la Guardia Civil, la última adqusición supone un incremento respecto de los tres ejercicios anteriores -de 2013 a 2015- para los que se compraron 36.050 botes. Y eso que el Ministerio del Interior admite un gran descenso en el número de altercados relacionados con las manifestaciones, protestas que ya de por sí se han reducido notablemente.
Tampoco parece acorde a las necesidades operativas la adquisición de 21.000 botes de humo. Este material antidisturbios sí es utilizado, pero no con frecuencia. La última vez que lo hizo la Guardia Civil fue el 5 de febrero de 2014 en la playa del Tarajal, en Ceuta.
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