SANTIAGO (Sputnik) — La Corte Suprema condenó a 33 exagentes de inteligencia del fallecido dictador Augusto Pinochet (1973-1990) por su responsabilidad en los secuestros de cinco ciudadanos opositores al régimen a partir de 1987.
El máximo tribunal estableció entre tres y 15 años de presidio para los autores y cómplices de los secuestros a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), informó el Poder Judicial en un comunicado.
El ministro especial para casos de derechos humanos Mario Carroza estableció que Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, fueron retenidos por agentes del Estado en represalia por el secuestro del coronel Carlos Carreño en 1987.
Precisó además que los cuerpos de los prisioneros fueron arrojados al mar en el sector de Quintay (centro), en un operativo conjunto entre los órganos represores de la dictadura, Central Nacional de Informaciones (CNI), Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE) y el Comando de Aviación del Ejército.
Los condenados a quince años de cárcel son el mayor Álvaro Corbalán Castilla y el general Hugo Salas Wenzel, que ostentaban altos cargos en la CNI y actualmente están en prisión.
Los penados por diez años y un día de cárcel son Iván Quiroz, Gonzalo Maas, Raúl Durán, Luis Santibáñez, Víctor Ruiz, Juan Jorquera, Hernán Vásquez, Sergio Mateluna, José Fuentes, Juan Carlos Orellana, Roberto Rodríguez, Alejandro Astudillo, José Salas, Heraldo Velozo, Marco Antonio Pincheira, Jorge Ahumada, José Morales, Patricio González, César Acuña, René Valdovinos y Ema Ceballos.
Asimismo, los militares Luis Arturo Sanhueza, Manuel Morales y Manuel Ramírez deberán cumplir penas de 5 años y un día de presidio como autores de delito, mientras los agentes Aquiles Navarrete, Fernando Rojas, Julio Cerda, Marco Antonio Bustos, Hugo Prado y Rodrigo Pérez, tendrán la misma condena por cómplices.
Por su parte, Mario Campos deberá cumplir 3 años y un día de presidio, con beneficio de libertad vigilada, y el agente Hugo Barría fue absuelto de cargos.
En el aspecto civil, se confirmaron las demandas de indemnización presentadas en contra del Estado de Chile, fijándose el monto total a pagar en 580.000 dólares a familiares de las víctimas.
