Instituciones públicas de España han vendido miles de viviendas de protección oficial a fondos buitre y a empresas privadas que ahora están dejando sin hogar a personas con menos recursos económicos, jubilados o en paro. Ante el silencio de las administraciones públicas responsables por la voracidad de las empresas inmobiliarias, los afectados han comenzado a organizarse y movilizarse para intentar proteger su derecho a la vivienda. teleSUR
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