«Estamos siendo afectados dentro de nuestro territorio por las transnacionales y vemos peligrar la vida y continuidad de nuestra identidad», dijo la presidenta del pueblo kichwa sarayaku, Miriam Cisneros, ante la CIDH.
En el territorio sarayaku, ubicado en la provincia de Pastaza (este), el 94% del bosque es primario y en él se han concesionado tres bloques petroleros que, según los demandantes, afectan al 91,18% del territorio y a 67 comunidades, que no fueron consultadas antes de la concesión.
Cisneros solicitó además que se inste al Estado ecuatoriano —que no asistió a la audiencia— a cumplir una sentencia de la CIDH emitida hace cuatro años que demandó el retiro de pentolita de territorio sarayaku, un explosivo que pone en riesgo la vida de los habitantes de este pueblo.
Por su parte, el presidente del pueblo indígena Arutam, Vicente Shair, recordó que durante años han mantenido «una profunda armonía con la naturaleza» que se ha visto afectada por la «concesión extractivista sobre la cordillera del Cóndor», una cadena montañosa ubicada en los Andes.
El pueblo shuar Arutam está integrado por 47 comunidades que viven en 220.000 hectáreas y que reclaman por la entrega de 13 concesiones mineras a la empresa china Expo Cobres, lo que afectaría al 50% del territorio shuar.
Sahir considera que «los verdaderos representantes del pueblo deben ser quienes participen en la toma de decisiones sobre el territorio y no delegados que no viven ni pertenecen a nuestra selva».
El dirigente planteó que no se oponen a la extracción de recursos naturales en sí, sino «a la forma en que el Estado nos trata» con «persecuciones y amenazas a nuestros representantes».
Lo que critican, añadió, es «la irresponsabilidad en el trato con las personas, animales y recursos que habitamos, como si fuéramos nosotros los invasores de una tierra en la que llevamos siglos».
Por su parte, el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, reclamó la presencia del Estado ecuatoriano, pues «la comisión valora mucho cuando los Estados están acá y lamenta mucho cuando un estado no participa porque nos priva de conocer mayores elementos de información y de diálogo».
Los pueblos originarios justificaron su reclamo en la intensificación de las actividades extractivas que, desde su perspectiva, comprometen sus derechos legítimos a conservar su identidad cultural.
En la audiencia participaron los pueblos zápara, kichwa, sarayaku y shuar.
