Organizaciones de DDHH en El Salvador se muestran preocupadas por falta de avances en los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.
Hace un año una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaraba inconstitucional la Ley de Amnistía. Con ello se abrían las puertas para aplicar justicia a los crímenes cometidos durante el conflicto armado de los años ochenta. Sin embargo, las víctimas continúan esperando.
El número de víctimas ha sido calculado en 75.000 muertos y más de 15 mil desaparecidos. Según la Comisión de la Verdad, fueron las fuerzas gubernamentales las que cometieron la mayoría de estos delitos.
La sentencia ordenó al Estado la adopción de legislación para romper con la impunidad en estos casos y considerar las medidas de reparación para las víctimas. Nada de esto ha ocurrido.
Las organizaciones que han acompañado a las víctimas en el tortuoso camino de conocer la verdad, han presentado ya 80 casos, pero resienten el rol pasivo de la Fiscalía en la investigación de estos crímenes.
Las organizaciones anunciaron que a finales de agosto presentarán al Congreso una propuesta de ley de reparación integral para las víctimas del conflicto armado, una normativa hasta ahora ausente pese a que es una obligación del Estado en materia de derechos humanos.
Vladimir Chamorro, San Salvador.
