MONTEVIDEO (Sputnik) — El Estado guatemalteco no ha mostrado interés en conocer el paradero de los miles de menores de edad que fueron dados en adopción de manera irregular entre 1997 y 2007, principalmente a familias de EEUU, un negocio que involucró a toda una red de agentes públicos y privados, según fuentes consultadas por Sputnik.
«Es escandaloso porque, pese a la cifra de niños y niñas dados en adopción, el Estado no ha asumido ninguna responsabilidad sobre dónde están estas personas», dijo a esta agencia la directora del programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz.
Se estima que entre 1997 y 2007 más de 35.000 menores de edad guatemaltecos fueron víctimas de redes criminales que «tenían mucho poder en el país», y aún hoy, continuó la abogada, se desconoce el paradero de la mayoría de esos niños y niñas, por los que las familias solicitantes llegaban a pagar entre 25.000 y 80.000 dólares.
«No se sabe dónde están, por ello exigimos una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos», añadió Aguiluz, quien señaló que el negocio se extendió durante tantos años porque no hubo interés político en frenarlo.
El fenómeno alcanzó en esa época los casi 5.000 casos anuales, «desvirtuando totalmente la esencia de la adopción, ya que se convirtió en un negocio», indicó por su parte a Sputnik el portavoz del Consejo Nacional de Adopciones de Guatemala, Rudy Zepeda.
La situación no cambió en el país centroamericano hasta 2007, cuando entró en vigor la nueva Ley de Adopciones, que establece una serie de requisitos que dificultan la adopción internacional y privilegian la nacional.
Primer caso
En mayo pasado se realizó una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Costa Rica para juzgar a Guatemala por el caso de dos hermanos menores de edad que fueron dados en adopción en 1998 a familias estadounidenses después de una supuesta denuncia por abandono.
Una jueza quitó la patria potestad a la madre pese a que esta presentó recursos legales para oponerse a la separación de su hijo Osmín Ricardo Tobar Ramírez, de siete años, y su hija Jeffrey Rainiery Arias Ramírez, de dos años, informó el periódico local Prensa Libre.
Se trata del primer caso que llega a instancias internacionales.
El Cejil, que representa a Tobar Ramírez, quien ahora tiene 27 años, valoró positivamente que Guatemala admitiera en esa audiencia que la ley de la época era problemática y que se violaron derechos de los niños, «pero ese reconocimiento fue parcial», denunció Aguiluz, porque como Estado no aclaró «qué piensa hacer para acabar con la impunidad y para proteger a los niños en situación de riesgo», agregó.
«Su compromiso para acabar con la problemática no fue coherente», sostuvo la abogada, quien asegura que «lamentablemente esto es parte de la cultura de impunidad en Guatemala».
Por todo ello, el Cejil pide a la CorteIDH que ordene al país centroamericano crear un mecanismo con el objetivo de buscar a quienes fueron dados en adopción de manera ilegal para «que por lo menos tengan el derecho a conocer sus orígenes y ellos decidirán si quieren volver o no».
En ese sentido, Aguiluz recordó que tan solo unas pocas personas han sido sancionadas y condenadas en el país por participar en el proceso de adopciones irregulares.
Motivos que lo impulsaron
El origen de las adopciones irregulares se remonta al conflicto armado de 36 años que sufrió Guatemala (1960-1996) entre el ejército y varios grupos guerrilleros de extracción indígena, cuya principal causa fue la lucha por la tierra en un contexto de Guerra Fría.
Cuando culminó, con los Acuerdos de Paz de 1996, había dejado 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 100.000 desplazados, según cifras de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico establecida a instancias de las Naciones Unidas.
Durante las masacres que se produjeron en esos años muchos militares se llevaron a los niños que quedaban sin padres, explicó la abogada.
Por ello, cuando termina el conflicto armado, se crean redes de crimen organizado que comienzan a comercializar menores y que se vieron beneficiadas por varios factores: «había una práctica previa de apropiación de niños por parte de los militares, un mercado internacional que demanda niños y niñas, y una normativa que permitía la adopción internacional de manera fácil», ya que prácticamente no había control judicial, añadió la especialista.
De hecho, continuó, existían «agencias de turismo que ofrecían el paquete de ir a Guatemala con la posibilidad de adoptar un niño o niña, hoteles de cinco estrellas donde se mostraba a los menores».
En esas redes participaban desde abogados que se encargaban de los trámites hasta jueces y trabajadores sociales que facilitaban los requisitos e incluso la propia Procuraduría General de la Nación, que «prácticamente nunca negó una adopción internacional», aclaró Aguiluz.
Por lo general se trataba de menores de edad que provenían de familias en condición de pobreza, «y esa era la principal situación de riesgo», pues a partir de ahí se realizaba una denuncia y el Poder Judicial los declaraba en abandono y los pasaba al programa de adoptabilidad.
Las edades más demandadas eran desde recién nacidos hasta los cuatro años, y se permitían dos tipos de adopciones: a través de un juez o a través de abogados (notarios públicos).
Nueva ley
Pese a que el tráfico de menores se pudo frenar a partir de 2007 con la nueva ley que establece mayores controles, en opinión de Aguiluz aún hay problemas con la normativa actual porque «sigue siendo relativamente sencillo declarar a un niño o niña en adoptabilidad».
«Se han encontrado irregularidades con las adopciones nacionales, como por ejemplo niños que son inscritos a nombre de determinados padres y resulta que no son los padres; sigue habiendo una vulnerabilidad, todavía pueden provenir de contextos de pobreza o de situaciones irregulares, el problema sigue vigente», aseguró.
Sin embargo, Zepeda sostiene que los niños y niñas en Guatemala «han dejado de ser un objeto de compra venta para convertirse en un sujeto de derechos.»
«Ahora se declaran adoptables aquellos niños que verdaderamente tienen vulnerado su derecho a tener una familia y son pocos, un promedio de 140 anuales, que se ubican en familias guatemaltecas», añadió el especialista.
Aún se desconoce la fecha en la que la CorteIDH emitirá su sentencia en el caso del joven Tobar Ramírez, quien confió en que Guatemala tenga mecanismos en un futuro para ayudar a otras personas que también fueron adoptados de manera irregular.
