La tormenta mediática parece haberse alejado temporalmente de las costas venezolanas.
La tormenta mediática parece haberse alejado temporalmente de las costas venezolanas. Durante las tres semanas que precedieron la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente, Venezuela bolivariana estuvo en las portadas de todas las empresas de comunicación internacionales. Obviamente no es una casualidad, se trataba de crear un clima favorable en la opinión pública para justificar un cambio de régimen por la fuerza. Éste no ocurrió, y el pueblo venezolano ha dado legitimidad por las urnas a la Asamblea Constituyente, a pesar del boicot de la oposición y las amenazas que pesaban sobre los electores, Venezuela desaparece progresivamente de nuestros medios de comunicación, dejando espacio a la llegada de Neymar al PSG y a la de un bebé panda al zoológico de Beauval.
Como las nubes ya se han retirado (sin embargo atención al coletazo de la tormenta), ahora podemos constatar la amplitud de los daños dejados por el tifón mediático en la opinión pública, y especialmente entre los partidarios y militantes de la transformación social. El tiempo de restablecer la veracidad de los hechos será mucho más largo que el de enunciar mentiras, siempre habrá una duda y una desconfianza en cuanto se comience de nuevo a hablar de la Venezuela bolivariana. Por lo tanto es conveniente volver a revisar la legitimidad de algunas fuentes de información.
Desde hace cuatro meses, una operación de desestabilización antidemocrática estaba en marcha en el país caribeño. Se aceleró tan pronto el presidente Maduro, analizando la crisis política en la cual se hundía su país, decidió redefinir el pacto social que une a los venezolanos convocando a una Asamblea Constituyente. La oposición venezolana, en nombre de la democracia, decidió boicotear e impedir por todos los medios la realización de este acontecimiento electoral.
Los caciques de la derecha internacional manifestaron unánimemente una solidaridad incondicional con sus compinches venezolanos en su intento de derrocar el poder. De Rajoy a Santos, de Uribe a Manuel Valls pasando por Peña Nieto y otros, ninguno de los dirigentes de derecha condicionó su apoyo a alguna crítica de esta oposición, por cierto muy poco democrática. En cambio, en algunos sectores de izquierda, pudimos asistir a ejercicios de funambulismo político e incluso a ataques frontales contra la Revolución Bolivariana en el momento en que está siendo atacada en todas partes.
La mayoría de estos comentaristas, para criticar el proceso revolucionario venezolano, no tuvieron que sacar sus referencias a la extrema derecha, se remitieron a los análisis producidos por los miembros de Marea Socialista, organización resultante de una enésima escisión de los partidos trotskistas venezolanos (1). Estos últimos, para sobrepasar el marco íntimo de su organización, lanzaron un movimiento autodenominado « Plataforma del pueblo en lucha y del chavismo crítico ». Gran golpe de comunicación, puesto que eso sugiere que tienen el monopolio de la crítica. Lo que obviamente es falso. Para darse cuenta, basta con hablar un momento con cualquier militante o simpatizante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), o de las organizaciones de base de la Revolución bolivariana.
Como los medios y algunos políticos no han cesado de repetirlo, es claro que este movimiento incluye 4 de los 141 ex ministros del ex presidente Chávez (1999-2012). Pero entonces, cabe preguntarse por qué la palabra del 3% de los ex ministros de Hugo Chávez pesa más que la del 97% restante que siguen apoyando la Revolución (2). En este caso, la legitimidad otorgada a esta ultra minoría parece sólo provenir de su reciente posicionamiento como opositora política.
Esta invocación permanente del « chavismo crítico» no es el fruto de la casualidad. Sistemáticamente retransmitido por los medios de comunicación dominantes o incluso por los líderes de la oposición, la eclosión mediática del « chavismo crítico» parece hacer eco al memorándum elaborado en 2006 por el ex embajador usamericano William Brownfield y revelado por Wikileaks tres años más tarde. En el mensaje enviado al Departamento de Estado, el ex embajador describía el trabajo de la embajada para intentar dividir el chavismo (3). Parece que los esfuerzos encubiertos de los USA hayan dado resultado.
Venezuela no es un caso aislado. Todos los gobiernos progresistas de América Latina tienen una oposición llamada de izquierda. Rechazados mayoritariamente por los pueblo de sus países, el Psol en Brasil (1,55%), los Verdes en Bolivia (2,69%), El Frente de Izquierda en Argentina (3,43%), o la Unidad plurinacional de las izquierdas en Ecuador (3,23%) tienen un eco mediático desproporcionado con su falta de representatividad popular.
Y sin embargo, desde los «intelectuales de izquierda » hasta los medios de comunicación dominantes, sus análisis destructivos de los procesos revolucionarios son ampliamente difundidos en los países occidentales, sin que ningún cuestionamiento sobre la legitimidad de su punto de vista sea jamás evocado. Aunque cada opinión es interesante para enriquecer el debate, esta cuestión de la legitimidad democrática de las fuentes de información es un problema (4).
Imaginemos un solo instante que el New York Times haga una doble página de entrevista de Jacques Cheminade (5) para hacer un balance crítico de los inicios de Emmanuel Macron a la presidencia de la República. Lo que chocaría no serían tanto las palabras pronunciadas por el político francés, sino la exclusión del mismo medio de personas consideradas como más legítimas porque reúnen en torno a ellos una corriente de ideas y una verdadera fuerza política de oposición. ¿En nombre de qué se deben imponernos los Jacques Cheminade venezolanos para descifrar la situación del país caribeño?
En las elecciones legislativas de 2015 en Venezuela, Marea Socialista y el «chavismo crítico» presentaron 67 candidatos a la Asamblea Nacional (6), estos últimos realizaron resultados histórica… mente bajos, que van del 0,01% al 0,1% (7). Si un 99.9% de los venezolanos (chavistas o de oposición) rechazan los análisis y las propuestas de los miembros del «chavismo crítico», ¿por qué entonces esta visión se impone en el debate sobre Venezuela en una parte de la izquierda francesa? ¿Es porque esta última encuentra en estas críticas que entiende, una manera de separarse de una revolución que le escapa y cuyo alcance no mide?
Existe una expresión idiomática en francés equivalente a “ni con dios, ni con el diablo”. Se dice literalmente “mitad higo, mitad”. En el caso del pensamiento mitad higos mitad uvas (« mi-figue mi-raisin ») consiste en equiparar posiciones políticas adversas y desiguales. Y sin embargo, incluso esta expresión idiomática típicamente francesa («mi-figue mi-raisin») tiende a hacernos olvidar que Francia es un país de uva, cuya producción es 2.000 veces superior a la producción de higo (8). Todo el mundo convendrá que si se para la producción de higo no representaría un duro golpe para nuestra economía, la de la uva, en cambio, destruiría una gran parte de nuestros campos. A nadie se le ocurriría la idea de poner en pie de igualdad estas dos producciones agrícolas. Sin embargo, casualidad de las cifras, el chavismo cuenta también 2.000 veces más votantes que Marea Socialista y su chavismo crítico, y a pesar de eso el higo blando consigue colocarse al nivel de la uva.
El pensamiento mitad higos mitad uvas, si se adapta perfectamente a los esquemas de pensamientos intelectuales, es impropio a la toma de decisión política en donde se es elegido para decidir entre distintas opciones políticas. Es de hecho, el mejor aliado de la derecha más reaccionaria. Porque se esconde detrás de la ilusión de una tercera vía en un contexto sumamente bipolar invocando la libertad virtual del pueblo de rechazar las dos únicas opciones políticas creíbles que se ofrecen, dicho pensamiento participa en realdad a la justificación de las estrategias antidemocráticas de la oposición venezolana.
Este pensamiento abunda en algunos sectores de la izquierda de oposición, alejados desde hace mucho tiempo de los centros de poder y de la toma de decisiones. Es el reflejo de una izquierda ONGizada e intelectualizada cuyo objetivo no es la toma del poder y el cambio social, sino la crítica permanente de las situaciones presentes. No es sorprendente encontrar de manera recurrente en Francia y Europa, la argumentación de estos actores sin responsabilidad política ni legitimidad democrática.
La mayoría de las ONG « desplegadas » en los países progresistas de América Latina incluyendo Venezuela son en realidad los voceros internacionales de las tesis de la oposición, cuando no imponen la agenda política de los países extranjeros o grupos económicos que las financian.
Estas organizaciones secuestran la palabra de categorías sociales, apropiándose de su representación sin ningún control democrático. Dan así la ilusión de defender un pueblo o segmentos de la sociedad mientras que en realidad, sólo combaten por conceptos e ideales sin escuchar a los ciudadanos ni tener en cuenta sus reivindicaciones. Si no tienen ningún impacto en los países sobre los cuales producen sus informes, encuentran un eco sistemático en una parte de la izquierda occidental, a su vez demasiado refugiada en asociaciones o en la Universidad.
Si la mayoría de las ONG se oponen a los gobiernos progresistas de América Latina, es también bajo la influencia de dos factores. En primer lugar, con la toma de poder de movimientos populistas, un número no desdeñable de miembros de estas organizaciones fueron cooptados por el aparato estatal, debido a la promiscuidad entre su lucha y el proyecto político legitimado por las urnas. Algunos miembros decidieron entonces que el espacio abierto por el poder era el lugar ideal para hacer avanzar sus ideas a pesar de las contradicciones políticas existentes y olvidaron la crítica permanente para la construcción política. Aquellos que permanecieron al margen del nuevo momento político han levantado el velo sobre el papel que tenían en el viejo sistema de casta: el de cuerpos constituidos de la protesta, es decir de un espacio de críticas inofensivas que permite al sistema capitalista mantener la ilusión de la democracia. Si este tipo de estructuras puede tener un papel positivo cuando el poder sólo favorece una élite, son totalmente inadecuadas cuando un gobierno se vuelve hacia la defensa del interés general.
En segundo lugar, se tiende a olvidar que los documentos publicados por algunas ONG son el resultado de un trabajo elaborado por personas que tienen sus propias posiciones políticas en la sociedad que supuestamente deben analizar. Por ejemplo, en la época en que Robert Ménard no representaba aún el ala más radical del Front National de Le Pen (9), y en dónde muchos medios de comunicación y políticos se hacían eco de los informes de Reporteros Sin Fronteras sobre Venezuela, absolutamente nadie sabía que el corresponsal de RSF en Venezuela era un opositor furibundo financiado por el Gobierno de USA a través de la Nacional Endowment for Democracy (NED) (10). Este tipo de ejemplo abunda en Venezuela y en América Latina. Y sin embargo, una vez pasado el Océano Atlántico, sus puntos de vista serán admitidos con la mayor credulidad en nombre de la defensa de grandes ideales como la democracia, los derechos humanos o la libertad de la prensa (11).
No se trata obviamente de impedir a quien quiera que sea de pensar o emitir opiniones sobre Venezuela o sobre cualquier otro país, sino de presentar la fuente de esas informaciones y esas críticas en su justo lugar, y no subestimar nunca la capacidad del pueblo para juzgar de su propia condición, como fue el caso en Venezuela en el voto del 30 de julio de 2017 para elegir los diputados a la Asamblea Constituyente.
Así, cuando se escucha que esta Asamblea constitutiva o incluso Nicolas Maduro no tendrían más legitimidad, como lo claman al unísono la derecha más radical y un grupo de políticos disfrazados en « “intelectuales de izquierda » (12), tenemos derecho a preguntarnos que representan, a sus ojos, los 8.089.320 electores chavistas que se desplazaron a las urnas para la elección de los diputados a la Asamblea Constituyente. La oposición decidió boicotear la elección, los electores que votaron el 30 de julio de 2017 lo hicieron para señalar su adhesión a la propuesta política del Presidente Maduro. Esto representa un 41,53% de los inscritos, es decir un número mayor que el que, en 2000, había ratificado por referéndum la anterior constitución (30,17% de los inscritos) (13). ¿Hay una legitimidad de dos velocidades?
Numerosos dirigentes de todo el mundo quisieran por cierto beneficiarse de tal apoyo popular y de esa legitimidad democrática. Recordemos que los presidentes de Colombia Juan Manuel Santos, de Argentina Mauricio Macri, o de México Enrique Peña Nieto, todos feroces opositores a Nicolás Maduro fueron elegidos con sólo 24% de los inscritos de su país. Sin hablar de Michel Temer, que no recibió ningún voto popular para ocupar la Presidencia de Brasil. No es la coherencia política que sofoca los opositores a la revolución bolivariana.
¿Por qué aquellos que no reconocen esta fuerza chavista no denuncian entonces «la ilegitimidad» del presidente francés, Emmanuel Macron, elegido con el 43,6% de los inscritos, es decir un resultado comparable a la última elección venezolana, y sin boicot de la votación por parte de sus opositores? Una vez más, es difícil imaginar que una serie de países, como fue el caso para Venezuela, no reconozcan los resultados de la elección francesa, y por lo tanto el presidente en ejercicio, en vista de la «escasa participación ». En este «dos pesos, dos medidas», vemos que se trata de un ataque político que no tiene en cuenta la legitimidad democrática que confiere el pueblo a sus representantes.
Las críticas sobre la ilegitimidad del gobierno venezolano procedentes de cierta izquierda o de organizaciones no gubernamentales nos preocupan extremadamente, ya que revelan sobre todo su rechazo de la democracia y su incapacidad para comprender las motivaciones del pueblo cuyos intereses pretenden representar.
Los últimos acontecimientos en Venezuela nos fuerzan a cuestionarnos sobre el lugar que deben ocupar, en nuestra democracia, las organizaciones políticas o algunos cuerpos intermedios cuando éstos se trasladan completamente de las preocupaciones populares, y sólo funcionan por una ideología completamente alejada de la realidad social. Eso nos interpela también sobre la falta de legitimidad democrática de estas organizaciones cuando ellas pretenden hablar en nombre de personas que, no solamente, no se sienten representadas por estas organizaciones sino que, al contrario, legitiman el poder que éstas pretenden denunciar. Sobre este punto como sobre muchos otros, Venezuela no terminó de invitarnos a cuestionar nuestra propia realidad política.