Diego Pérez de los Cobos, un coronel de la Guardia Civil que fue juzgado por torturas contra el preso vasco Kepa Urra, será a partir de hoy el máximo responsable de los Mossos tras la intervención del Estado. Aunque el militar quedó exonerado en el citado proceso judicial, otros tres agentes fueron condenados con penas de hasta doce años y seis meses de prisión.
El Estado se ha hecho con el control de los Mossos, y el responsable del mando único será Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil que fue juzgado por torturas contra el preso vasco Kepa Urra, detenido en enero de 1992.
Durante el citado proceso judicial, que se llevó a cabo en 1997, tres guardias civiles fueron condenados con penas de hasta doce años y seis meses de prisión por «trasladar al detenido a un descampado, donde, esposado, le desnudaron, le golpearon con un objeto romo y le arrastraron por el suelo». No obstante, en 1999, el primer Gobierno de Aznar indultó a los tres.
Pérez de los Cobos quedó exonerado de los hechos, aunque, según denunció el preso vasco, este lo había maltratado durante su estancia en el hospital tapándole la nariz y la boca y mediante pellizcos.
Es un alto cargo del Ministerio de Interior desde 2006, cuando lo nombró asesor el entonces titular de la cartera, Alfredo Pérez Rubalcaba. Actualmente ocupa el puesto de director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, gabinete integrado en su totalidad por miembros de las FSE.
Hermano del expresidente del TC e hijo de un ultraderechista
El nuevo responsable de los Mossos es también hermano del expresidente del Tribunal Constitucional español Francisco Pérez de los Cobos e hijo del miembro de la organización ultraderechista Fuerza Nueva Antonio Pérez de los Cobos, que llegó a presentarse a las elecciones estatales por Murcia.
Bajo el mandato de su hermano como presidente del TC, el tribunal declaró nula la declaración soberanista del Parlament en 2013. Dos años después se posicionó contra el 9N y su última medida contra Catalunya también llegó 2015, cuando el TC volvió a anular una declaración del Parlament.
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