Al mismo tiempo que miles de personas llegaban a las inmediaciones del Palacio de Miraflores para saludar la reelección del presidente Nicolás Maduro, la oposición, Estados Unidos, la Unión Europea y la derecha latinoamericana ponían en marcha un plan desestabilizador –cantado hacía mucho tiempo– contra el nuevo proceso democrático que se vivió el domingo en Venezuela.

El pueblo venezolano, víctima de una de las más encarnizadas guerras económicas de los últimos tiempos, solo comparable con el bloqueo impuesto a Cuba por más de 50 años, reafirmó a Nicolás Maduro como el Presidente legítimo con más de seis millones de votos.

Entretanto, los «protectores de la democracia» en la región y el mundo reactivaron su agenda hostil contra la nación de Bolívar e ignoraron el claro mensaje de la ciudadanía en las urnas.

Caracas, acostumbrada a este tipo de acciones desde que emprendió en 1998 un camino diferente al que dictan los postulados de Washington, amaneció nuevamente bajo el asedio de una marea injerencista.

Granma describe diez de las acciones desestabilizadoras que se han hecho públicas en las últimas 48 horas.

1- NUEVAS SANCIONES DE ESTADOS UNIDOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el propio domingo nuevas sanciones unilaterales contra Venezuela, violatorias de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas del derecho internacional.

Mediante una orden ejecutiva, Trump prohibió a cualquier ciudadano, institución o empresa estadounidense adquirir deuda venezolana o activos y propiedades pertenecientes al ejecutivo venezolano en Estados Unidos, incluidas aquellas inversiones derivadas de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).

Las autoridades venezolanas repudiaron esas ilícitas e ilegítimas medidas que intentan expandir el cerco económico y financiero contra su Patria, pretenden quebrantar así el derecho a la autodeterminación de su pueblo y atentar contra su modelo de desarrollo socioeconómico.

2- INTENTOS DE DESCONOCER LA VOLUNTAD POPULAR

Catorce gobiernos de América Latina, conocidos como el Grupo de Lima, aseguraron que no reconocen los resultados de las elecciones en Venezuela, según un comunicado emitido este lunes.

Entre los argumentos para sustentar su postura agresiva está una supuesta abstención de los venezolanos el domingo. Sin embargo, los presidentes de Chile y Colombia, miembros del bloque, fueron electos con participación más baja que la registrada por Nicolás Maduro y no han sufrido ningún tipo de señalamientos por esa causa.

Asimismo, el Grupo de Lima incluye naciones como Brasil, donde un golpe de estado parlamentario sacó a la presidenta Dilma Rousseff del poder y mantiene preso injustamente a Luiz Inácio Lula Da Silva, el candidato más popular de cara a las elecciones en el gigante sudamericano. En Perú, su presidente tuvo que renunciar por acusaciones de corrupción y en Honduras los comicios del 2017 estuvieron signados por escándalos de fraude y corrupción.

3- AGRESIONES DIPLOMÁTICAS

Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, integrantes del Grupo de Lima, acordaron «reducir» sus relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo que llamaron a consultas a sus embajadores en Caracas.

El grupo afirmó que presentará también una resolución en el 48 Periodo de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Venezuela.

4- ATAQUES DESDE LA OEA

Desde el pasado mes de febrero, la OEA aprobó una resolución que le exigía al gobierno de Venezuela cancelar las elecciones presidenciales del país. Esta entidad promotora de la arremetida internacional para el aislamiento de los procesos de cambio que se iniciaron en toda la Patria Grande, cuya punta de lanza hacia esos objetivos es precisamente Venezuela, mantiene una campaña injerencista contra esa nación mientras se hace la vista gorda con otras situaciones escandalosas en otros países.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, hizo caso omiso al mandato del pueblo bolivariano este domingo y reiteró que el organismo desconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Además, aseguró que seguirán «bregando por el fin de la dictadura» y nuevamente aclamó por «un gobierno de transición».

5- AMPLIACIÓN DEL CERCO ECONÓMICO

Siguiendo las orientaciones de Estados Unidos, varios países latinoamericanos afirmaron también que coordinarán acciones con organismos financieros internacionales para «no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela», que enfrenta una importante crisis económica.

Además, afirmaron que intensificarán y ampliarán el intercambio de información financiera para perfeccionar las sanciones contra la nación sudamericana, todo con el objetivo de cerrar el cerco económico sobre Caracas.

6- INCENTIVAR LOS CONFLICTOS FRONTERIZOS

Como parte de las consecuencias de la guerra económica y la crisis que sufre Venezuela, potenciada desde el exterior, los flujos migratorios de ese país hacia las naciones vecinas han aumentado.

Si bien este resulta un fenómeno común en la historia de América Latina y en el pasado la propia Venezuela recibió a millones de colombianos y otros migrantes, el tema se intenta manipular para justificar un conflicto.

Colombia y Brasil son dos puntas de lanza en el aumento de la presencia de tropas de Estados Unidos, cuyo Gobierno aseguró que no descarta «la opción militar» en el caso de Venezuela.

7- LA UNIÓN EUROPEA SE SUMA A LOS ATAQUES

Contrario a los intentos de mantener una política exterior independiente de  Estados Unidos, la Unión Europea se ha sumado a los ataques contra el gobierno venezolano.

El bloque anunció que estudia la adopción de medidas tras las supuestas irregularidades en las elecciones en Venezuela.

Para la UE y para España, en particular, las elecciones de Venezuela presentaron «deficiencias democráticas fundamentales» y «graves irregularidades», a pesar de que más de 150 observadores internacionales resaltaron la validez y transparencia de los resultados emanados de las urnas.

8- BOICOT DE LA OPOSICIÓN

Antes de conocer los resultados oficiales emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el excandidato presidencial Henri Falcón ya había dicho que desconocería el proceso electoral.

Falcón, que obtuvo un millón 820 552 votos, para un 21,01%, retomó una fórmula ampliamente utilizada por la derecha venezolana de no aceptar la voz de las urnas cuando le es desfavorable.

Javier Bertucci, abanderado de Esperanza para el Cambio, que obtuvo solo el 10,82% de los sufragios, también se sumó a la campaña por desconocer las elecciones alegando supuestas «violaciones a la ley electoral de Venezuela», aunque luego aceptó el resultado, pero cuestionando el proceso.

9- EL CAMINO DE LA VIOLENCIA

Tras ser ratificado como jefe de Estado, Maduro convocó a un diálogo y a la reconciliación, propuestas que inmediatamente fueron rechazadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y otros actores opositores.

La MUD, oposición no participante en estas presidenciales en Venezuela, sacrificó hace varios meses su propio espacio político en el país y se acogió a los llamados de una agenda violenta, salió a cantar fraude, mucho antes de conocer los resultados al igual que la oposición participante y descartó cualquier posibilidad de sentarse a una mesa de conversaciones con el ejecutivo de Maduro.

Extremadamente desacreditada y dividida, la MUD, que no tiene una agenda de gobierno propia, sino más bien una serie de directrices indicadas desde el exterior, intenta ahora fabricar un escenario de deslegitimación alrededor de unas elecciones de las que ellos mismos decidieron salirse ante la imposibilidad de hacer frente al chavismo.

10.-MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

Desde las fotos utilizadas en los medios internacionales hasta los titulares escogidos, la cobertura de prensa sobre las elecciones en Venezuela estuvo diseñada para tratar de minimizar la participación de los ciudadanos y su apoyo mayoritario a la Revolución Bolivariana.

Asimismo, la mayor parte de los medios de prensa de Occidente se siguen haciendo eco de términos como «presos políticos», cuando el gobierno ha dado incontables pruebas de que quienes se encuentran procesados por la justicia han incurrido en acciones ilegales o llamados a la violencia con un saldo de centenares de muertos.

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