1.014 personas sufrieron torturas en 2017 por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado y funcionarios de prisiones y centros de menores en 224 situaciones, según recoge el último informe publicado (*) por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT). La cifra supone el doble de situaciones de torturas y malos tratos que se dieron en 2016, y casi cuatro veces más el número de personas afectadas. Entre 2004 —año del primer informe— y 2017, la Coordinadora ha recopilado 3.602 casos de torturas y malos tratos, y 9.085 personas afectadas.
Este aumento, según señalan desde la Coordinadora, está relacionado con la violencia policial que tuvo lugar el día 1 de octubre en Catalunya, con motivo de la celebración del referéndum. Desde la CPDT también señalan el incremento de violencia contra población migrante.
“Hemos valorado respecto al incremento dos cosas fundamentales, el 1 de octubre hubo una situación en la que más de 500 personas fueron afectadas, que son más del 50% de las personas afectadas que recoge el informe”, afirma Carlos Hernández, miembro de la Asociación Salhaketa Bizakia, una de las participantes en la CPDT, quien destaca también el aumento de agresiones sufridas por personas migrantes, sobre todo en situaciones que tuvieron lugar dentro de centros de internamiento de extranjeros.
El informe detalla que estas agresiones tuvieron lugar cuando las personas afectadas se encontraban bajo la custodia de funcionarios, ya sea en comisarías, cuarteles, prisiones y otros centros de privación de libertad, como los centros de internamiento de extranjeros, así como en el transcurso de intervenciones policiales, especialmente en manifestaciones. También advierten que, aunque son todas las que están, no están todas las que son. Como en los anteriores años, muchas de las denuncias han sido excluidas del informe por petición expresa de las personas afectada o porque no se ha conseguido reunir información suficiente. También, y especialmente, la Coordinadora señala que la mayoría se situaciones de torturas o malos tratos no son denunciadas nunca, especialmente en el caso de las personas presas, sin hogar y migrantes, que son especialmente vulnerables.
Por territorios, la comunidad autónoma con más incidencia es Catalunya. Reúne el 61 por ciento de las personas afectadas por torturas y malos tratos y el 47,3% de las situaciones. Ceuta fue el segundo territorio en número de personas que han sufrido torturas y malos tratos —117—, seguida de Madrid —102—. “En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla el elevado número de personas afectadas tiene otra explicación, que no es sino la presencia de la Frontera Sur tanto del Estado español como de la Unión Europea, con todas las cuestiones de violaciones de derechos que ello conlleva y su incidencia en el elevado número de personas afectadas por la violencia que suponen las torturas, los malos tratos y otros tratos crueles o degradantes”, explican desde la CPDT, refiriéndose al informe elaborado por Iridia.
En cuanto al tipo de funcionarios denunciados por torturas o malos tratos, los agentes de la Policía Nacional son los que acumulan más denuncias: 82 situaciones —la tercera parte de las recopiladas— y 551 personas afectadas —más de la mitad del total—. Les sigue la Guardia Civil, con 41 situaciones de torturas y malos tratos y 338 personas afectadas. Desde la Coordinadora puntualizan que en muchas de las situaciones participa más de un cuerpo de seguridad. “Prácticamente todos los cuerpos han recibido denuncias, por lo que se puede ver que la práctica de torturas y malos tratos está generalizada y además se extiende por todo el territorio”, señala Hernández.
(*) http://www.prevenciontortura.org/wp-content/uploads/2018/06/Resumen-cas-2017.pdf
