BRASILIA, julio 9.— Vigilias y marchas por la liberación de Lula tenían lugar este lunes en locaciones como Sao Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba y Recife, luego de que el domingo fueran desconocidas tres órdenes de liberación inmediata emitidas por el juez federal de turno Rogério Favreto, del Tribunal Regional Federal de la 4ta. Región (TRF-4), a favor del líder del Partido de los Trabajadores.
La primera orden fue refutada desde Portugal por el fiscal de Lava Jato, Sergio Moro, quien se encuentra allí de vacaciones, sin jurisdicción para actuar, lo que cumplimentó primero el juez relator de esa investigación, João Pedro Gebran Neto, y ratificó luego, tras otra orden de liberación emitida por Favreto, el presidente del TRF-4, Thompson Flores.
Desde el propio domingo Gleisi Hoffman, la actual presidenta del Partido de los Trabajadores, anunció una gran movilización y reiteró la denuncia de que se trata de impedir la participación de Luiz Inacio Lula da Silva en las elecciones de octubre; incluso magistrados opinaron que ante este atropello a la justicia lo único que quedaba era la movilización popular.
«Lula no es un preso. Lula es un secuestrado», afirmó el exministro de Justicia Eugenio Aragao luego de la negativa de dos jueces con menos competencia que Favreto, y su revocatoria de la orden de liberación, y la incertidumbre que medió en esas horas, durante las cuales la policía que custodia a Lula en una oficina de Curitiba convertida en celda, tampoco acató el dictamen.
En entrevista concedida al diario Brasil de Fato, Wadih Damous, uno de los autores del habeas corpus a su favor que ha vuelto a ser desconocido, condenó la decisión tomada por Gebran Neto.
«Lo que ocurrió aquí fue un atentado de Lava Jato contra el Poder Judicial brasileño. Eso es estado de excepción, eso es fascismo», afirmó.
También al habla con el mismo rotativo, Ney Strozake, del Frente Brasil de Juristas por la Democracia, reiteró que no era competencia del Presidente del TRF-4 decidir sobre el asunto.
Se espera que una decisión definitoria sea tomada por el Tribunal Supremo Federal, pero este debió analizar el pedido de habeas corpus en su sala segunda hace dos semanas, y la vista fue suspendida.
Líderes sociales brasileños rechazaron la medida, que también tuvo amplio repudio fuera del país.
En una nota, 11 gobernadores portugueses manifestaron la parcialidad de la justicia brasileña en el caso de la liberación de Lula, y la Fundación Internacional de Derechos Humanos le concedió este lunes el estatus de prisionero de conciencia, al evaluarlo como preso político.
